Educación sexual para decidir

Mientras se debate la legalización del aborto en el Congreso, en los medios y en la sociedad argentina, la educación sexual integral, considerada como un derecho humano por Naciones Unidas, es ley en la Argentina desde 2006, pero no se cumple.El 79% de los docentes que conocen la ley de educación sexual integral no la incorporan a sus materias, según se desprende de un estudio realizado por la Fundación Huésped precisamente por el 12º aniversario de la sanción de esta normativa.En Latinoamérica solamente está legislada en Argentina, México, Colombia, Uruguay y Brasil. En otros países donde se imponen las creencias religiosas no se pudo avanzar en esta materia, como pasa en Guatemala, Costa Rica, Perú y El Salvador.”Las leyes están, porque en ese sentido nuestro país siempre ha sido de avanzada en el tema de discriminación, en temas de género, en todo lo que tiene que ver con la diversidad, el matrimonio igualitario. Nos falta justamente resolver de una vez por todas el tema tabú que es el aborto seguro, legal, y gratuito desde ya, porque la problemática real es el tema de la mujeres que mueren y que son las más pobres”, afirma sobre la situación actual de la Argentina la licenciada Beatriz Mordoh, directora del Instituto de Prevención y Educación en Salud y Sexualidad (Ipess).El compromiso de una educación sexual integral fue adquirido durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo, en 1994. Allí se incorporó un enfoque de derechos humanos y género.A nivel nacional, el Programa de Educación Sexual Integral, ley 26150, establece: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. Mientras que en la Ciudad, por la ley 2110, el Estado se compromete a garantizar el derecho a la información para el ejercicio de la sexualidad.”En Argentina la implementación del programa es muy deficiente. Este año va a cumplir 12 años, y lo que implica es un trabajo en todos los niveles, desde nivel inicial hasta nivel superior. La realidad es que la implementación ha sido muy deficiente durante todos estos años, pero que ha empeorado considerablemente los últimos dos. Sobre todo en la asignación presupuestaria que se le ha hecho al programa. De todas formas, nosotros somos muy críticos en relación con cómo fue la implementación previa al 2015 también, porque si bien hubo mayor cantidad de recursos, la mayoría de los recursos estuvo muy enfocada exclusivamente en la capacitación a docentes, en la producción de los lineamientos y en los cuadernillos, pero en la capacitación a docentes sobre todo. Y si bien para nosotros eso es fundamental, la verdad es que no es suficiente, y el alcance fue muy bajo. Estamos entre el 20% y el 30% de docentes capacitados a nivel país”, explicó Cecilia Valeriano, coordinadora del Programa de Movilización y Redes de la Fundación Huésped.Mordoh, por su parte, también subrayó: “La implementación en las escuelas no fue pareja. Desde que se sancionó la ley, lo que se trató de implementar fue la capacitación docente, que la hubo, pero no con continuidad. Nosotros dictamos por más de diez años, hasta hace tres, cursos para docentes desde Ipess, hasta que se rescindieron los convenios con el Ministerio de Educación, pero después cerraron los institutos de capacitación docente”.”Esta visión que plantea la educación sexual como algo integral es también una visión superadora a cómo se ha venido trabajando tradicionalmente la educación sexual, que era desde un enfoque muy biologicista y de información. Y la educación sexual pensada en esta integralidad apunta a deconstruir los prejuicios, los estigmas, las inequidades entre varones y mujeres. Nosotros estamos de acuerdo, somos parte de la campaña por el derecho al aborto, seguro legal y gratuito, y estamos de acuerdo en esa consigna, creemos claramente que la discusión sobre aborto tiene que estar atada a mejorar la calidad de la educación sexual. Pero la realidad es que tenemos una ley que es muy buena, tenemos una buena base, pero evidentemente a casi 12 años de su sanción sabemos que si no hay decisión política para que se implemente, tener la ley no nos sirve de mucho”, concluye Valeriano, de Fundación Huésped.El derecho al aborto libre, legal y en hospitales públicos se ha conquistado en más de cincuenta países en el mundo. Y en 32 no está permitido bajo ningún concepto. Aunque son legales, no en todos los casos son gratuitos, y en algunos solo está permitido por razones médicas o en casos de violación. El primero que conquistó este derecho en el mundo fue Rusia, en 1920, gracias a la lucha de las mujeres. Y en Latinoamérica el primero fue México, en 2007, seguido por Uruguay, en 2012.En el caso de Uruguay, la ley de interrupción voluntaria del embarazo establece que la mujer podrá realizarse un aborto por sola voluntad si el período de gestación no es mayor a las 12 semanas. En caso de violación, el plazo se extiende dos semanas más, y si hay riesgo para la salud de la mujer o existe una malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, no hay plazo. La mujer debe demostrar su voluntad de abortar ante un equipo multidisciplinario de profesionales de la ginecología, la salud mental y el servicio social. Según el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, desde que se legalizó el aborto la tasa de mortalidad por esa causa es cero o uno por año.La autora es periodista y escritora.

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