Cataluña: ¿Los independentistas detenidos son presos políticos?

El nacionalismo catalán insiste que son presos políticos: miles de personas -más de 300 mil, según la Guardia Urbana de Cataluña; más de 700 mil, según los organizadores- tiñeron este domingo las calles de Barcelona de amarillo, el color de la solidaridad con los presos catalanes por el procés, para pedir la libertad de los nueve encarcelados que la justicia española mantiene en cautiverio por haber participado, en mayor o menor medida, del intento independentista. “Hablar de presos políticos es hacer un uso perverso del término. Son presos preventivos en base a argumentos jurídicos”, aclara Ignacio González Vega, vocero de Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación española que nació en los ’80 y que reivindica la democratización de la carrera judicial, la independencia del juez frente al poder y su apertura a la sociedad.“Estas personas están presas en base a argumentos jurídicos y no por razones de índole política. Al margen de compartir o no los criterios del juez instructor, que pueden ser más o menos acertados, lo cierto es que son criterios jurídicos -agrega González Vega-. En base a que hay aplicación de la ley, tanto del código penal como de la ley de enjuiciamiento criminal, a juicio del instructor existe un riesgo de reiteración delictiva y es una resolución que, se comparta o no, está fundada en el derecho.” -Después de cinco y seis meses de prisión, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, citó para este lunes al ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a los ex líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart para notificarles su procesamiento. ¿No ha habido una interpretación desproporcionada de las presiones preventivas? -Probablemente haya un recurso en exceso de la prisión preventiva. Si no se hubieran dictado esas prisiones preventivas y hubiera unas medidas cautelares más atenuadas, la situación política sería menos tensa en Cataluña. Probablemente no se debería acudir tanto a las prisiones preventivas, pero es el criterio de este juzgado y hay que respetarlo. -¿Es ilegal el abuso de las prisiones preventivas? -No puede ser calificado de ilegal. Si fuera ilegal, (los detenidos) buscarían recursos ante órganos superiores, como el Tribunal Supremo, o si hubiera una limitación de derechos fundamentales, ante el Tribunal Constitucional. El sistema está dotado de garantías. En este caso, es el criterio de un instructor, que puede ser discutible, pero es un criterio fundado en el derecho.-¿Esas prisiones preventivas vulneran los derechos políticos? Por ejemplo en el caso del ex líder social Jordi Sánchez, que hoy es diputado y candidato a ser investido presidente de la Generalitat por el Parlament catalán y a quien el juez no autoriza a presentarse en el recinto… -Ahí cabría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que reconoce el amparo cuando hay una violación de derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a participación en actos públicos, por ejemplo. Pero hay que recordar que los derechos fundamentales no son ilimitados. Tienen sus limitaciones. Es una cuestión de apreciación y de matiz. -¿El independentismo se equivoca en su estrategia al presentar una querella contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena? -Sí. Al margen de que esté en la ley y es un instrumento que ofrece la propia ley, lo razonable hubiera sido presentar un recurso. Existe un sistema de garantías y de recursos y si una persona se siente perjudicada por una resolución, lo que tiene que hacer es presentar un recurso. Por otra parte, la Mesa del Parlament (que es la que presentó la querella al juez) debe representar a la Legislatura catalana y, por lo tanto, a todos los ciudadanos de Cataluña. En este sentido, lo más adecuado hubiese sido que el propio afectado o el grupo parlamentario que se sintiera perjudicado fuera el que presentara la querella. -¿Por qué hubiera sido mejor presentar recurso y no querellar al juez? -Querellar es denunciar al juez porque haya podido cometido un delito. En este caso, de prevaricación, es decir que ha dictado una resolución injusta a sabiendas de su injusticia. En cambio, presentar recursos significa que uno entiende que es una medida que lo perjudica y hay un medio de impugnación ante un tribunal superior. -¿Preocupa que en Cataluña la política esté judicializada? -Estamos preocupados. Nos parece que algo no funciona bien cuando la situación política de Cataluña depende de las decisiones de un juez. Creo que hay un protagonismo involuntario de los jueces porque, ante la falta de política, son los tribunales de justicia los que deben resolver el problema. Eso es un error. Al margen de que lo que hayan hecho (los independentistas) pueda ser constitutivo de delito, lo que es imprescindible es la negociación política.

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