El PJ y los K negocian una versión “light” de una ley clave contra la corrupción

En paralelo con el cierre de filas de casi todo el peronismo en torno a la situación judicial de Cristina Kirchner, en el Senado el PJ que lidera Miguel Pichetto y el kirchnerismo negocian para llegar con un texto unificado este miércoles sobre el proyecto de extinción de dominio, que introduce muchos cambios al aprobado en Diputados hace dos años.

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“Así habría una mayoría. Hay algunos senadores de la bancada federal que se sumarán. Es una ley que está bien hecha”, sostuvo Pichetto el miércoles pasado luego de la fracasada sesión que iba a debatir la autorización a los allanamientos a la ex presidenta, y luego extinción de dominio, la ley “para recuperar lo robado por la corrupción”.

Bancas vacías en el peronismo, en la frustrada sesión de la semana pasada.

Ambos asuntos volverán a estar en el temario de esta nueva sesión, que Cambiemos y el peronismo auguran que tendrá quórum. Sobre los allanamientos a Cristina, si hay sesión, se estima que habrá mayoría para dar luz verde al pedido del juez Claudio Bonadio.El desenlace sobre extinción de dominio es incierto porque hasta ahora hay tres dictámenes, todos modificatorios de la media sanción de Diputados, muy cuestionada por los senadores y sobre todo por el peronismo, que a la par se defiende de la acusación de haber “dormido” esta iniciativa. En su momento Pichetto sostuvo que la Conarepa (una comisión de la dictadura militar para “recuperar patrimonio”) “tenía más garantías que esta media sanción de Diputados”.

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El PJ llega con el texto de Pichetto y Rodolfo Urtubey, Cambiemos con el de Federico Pinedo y Humberto Schiavoni y hay un tercer dictamen del Frente para la Victoria.Un eje del debate es la retroactividad: en Cambiemos sostienen que de aprobarse el proyecto PJ no podrá aplicarse la extinción de dominio -un instrumento legal que mejoraría la actual figura del decomiso- a los “cuadernos de las coimas”, por ejemplo.

Oficialismo y aliados, la semana pasada en el Senado.

“Nuestro proyecto mejora el de Diputados y prevé que la extinción se debe aplicar a los bienes procedentes de todos los delitos cometidos en el pasado. Es retroactivo. Los bienes mal habidos en una década de saqueo no pueden quedar afuera de la ley como quiere el peronismo”, cuestionó la senadora radical Silvia Elías de Pérez. Pinedo, en tanto, ratificó a Clarín que Cambiemos “no votará el proyecto” del PJ e insistirá con el propio.Así, aun con el PJ y el cristicamporismo votando juntos, y sumando senadores de fuerzas provinciales, no lograrán los dos tercios que obligaría a Diputados -cuando el proyecto le vuelva con cambios- a conseguir también dos tercios si quiere mantener el texto original.El jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, y el diputado radical Luis Petri, hicieron punta en los últimos meses advirtiendo que si el Senado no trata extinción de dominio, la media sanción se caerá a fin del año. Petri le dijo a Clarín que “cualquier cosa que salga del Senado es mala” y abogó por lo aprobado en Diputados, de autoría del líder renovador, Sergio Massa, y su jefa de bancada, Graciela Camaño.

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Ante las dudas por la actitud del FR, dado el diálogo frecuente que mantienen Pichetto y Massa, Camaño ratificó a este diario que de volver a Diputados “vamos a insistir con nuestro proyecto”.Si en el Senado se unen el PJ y los K, no pasarían de todas formas la mayoría simple. Y con mayoría simple -entre Cambiemos y el FR- se ratificaría el texto original en Diputados.

Massista Graciela Camaño.

Si hay senadores que realmente no quieren que la ley salga, deberían hacer alguna alquimia para que ninguna de las tres versiones junte mayoría. Para eso el cristicamporismo debería rechazar los proyectos del PJ y el de Cambiemos.Una diferencia clave es que en el proyecto PJ además de que la extinción se da dentro de la causa penal, con lo cual no hay retroactividad, “la sentencia se dictará en forma simultánea con la sentencia condenatoria o absolutoria”. En los proyectos de Diputados, y de Cambiemos en el Senado, la vía civil va por separado y no se espera el final de la causa penal, que en procesos de corrupción tardan un promedio de 12 años.

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