Observaciones al proyecto de nuevo Código Penal

Mucho se escribe en los medios sobre el anteproyecto de nuevo Código Penal del Gobierno. De una lectura atenta de los anticipos de dicha normativa se desprenden algunas observaciones al proyecto liderado por el Juez Mariano Borinsky, las mismas que fueran presentadas por Usina de Justicia a la Comisión de Reforma y que la ciudadanía debe conocer.En primer lugar, el único delito que en grado de tentativa se pena con el mismo monto que el delito consumado continúa siendo el contrabando.
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Adviértase que, en el caso de los homicidios, para que un acto sea considerado de tentativa se requiere inevitablemente: a) que esté plenamente acreditado que el sujeto activo del delito quería privar de la vida al ofendido; b) además de que aquél llevó́ a cabo los actos necesarios e idóneos para privarlo de la vida; y c) que no se consumó el homicidio por causas ajenas a la voluntad del sujeto del delito.Es notorio que el contrabando es el único delito que le interesa al Estado, quien erige a las arcas del Estado por sobre la vida de los ciudadanos.Como propuso Usina de Justicia oportunamente, no debe haber rebaja de pena para quien intentó sin éxito un delito grave como, por ejemplo, lo es un homicidio, o un secuestro o un robo calificado, es decir, los mismos delitos cuyos autores tampoco deber ser pasibles de recibir los beneficios de Libertad Condicional.En segundo lugar, el anteproyecto no contempla la prisión perpetua, recogiendo fallos “garantistas” que fueron revocados por la misma Corte Suprema de la Nación y cayendo en un círculo vicioso: como se sentó jurisprudencia eliminando la prisión perpetua, el anteproyecto recoge esta jurisprudencia y la convierte en norma que le da fuerza de ley a lo que solo fue una jurisprudencia (como se dijo, revocada por la Corte Suprema de la Nación).Esta omisión abre el interrogante sobre si los actuales condenados a perpetua -Robledo Puch, por mencionar el caso más célebre- serán liberados por no existir más esa pena.En tercer lugar, no se incluye una definición de “fallo firme” a los efectos de la reincidencia (doble conforme que podría ser incluido en el art 77 del Código Penal vigente), con lo que las sentencias continuarán siendo eternamente apeladas están firmes -con el consiguiente hacinamiento en las cárceles o, directamente, los autores de graves delitos eximidos de prisión preventiva, en la calle). La declaración de reincidencia será, por lo tanto, casi nula.En cuarto lugar, el plazo máximo de prescripción de la acción penal es 15 años, cuando en los países serios los delitos graves no prescriben.En quinto lugar, haciendo ley el lamentable fallo zaffaroniano “Arriola”, despenaliza la tenencia de estupefacientes para uso personal en lugares privados, incentivando el tráfico y delivery de todo tipo de drogas, en desmedro de la salud y seguridad públicas.Ni siquiera se tuvo en cuenta la duplicación de homicidios dolosos de Uruguay desde el “experimento Mujica”, como tampoco se tuvo en cuenta el fracaso de la legislación holandesa, portuguesa y del Estado de Colorado en EE.UU respecto a este tema, en el que el único que gana es el narcotráfico.En sexto lugar, no toma en cuenta las legislaciones avanzadas comparadas, quienes adoptaron las penas permanentes revisables cada determinado tiempo, por lo cual se evita que, por ejemplo, haya que liberar violadores que aún no están curados de su patología.En suma: la nueva codificación debe no solo tener en cuenta aspectos académicos y jurisprudenciales, sino también el impacto de la legislación sobre nuestro ya ineficaz sistema de seguridad pública.Martín Etchegoyen Lynch es ex Fiscal de San isidro. Doctor en Ciencias Penales. Miembro de Usina de Justicia.

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