El Gobierno porteño pedirá que se modifique una ley para que las prácticas laborales educativas sean obligatorias

Aunque ya funciona en 44 escuelas de la Ciudad, la “Secundaria del Futuro” sigue generando polémica. Y promete abrir más discusiones próximamente. Despejados los principales cuestionamientos al proyecto -que llevó a una sucesión de tomas en las escuelas a mediados de 2017-, el principal tema de debate pasa ahora por el carácter que tendrán las prácticas educativas laborales que los alumnos tendrán que hacer en el último año de la secundaria. ¿Deben ser obligatorias o voluntarias? El debate vuelve porque este miércoles, un fallo judicial le ordenó al Gobierno que se “abstenga de implementar prácticas educativas de carácter obligatorio”, con el argumento de que estaría violando la ley 3541 (de la Ciudad) que en uno de sus artículos dice que esas actividades formativas deben ser voluntarias.La sentencia fue firmada por la jueza porteña Cecilia Lourido, que hizo lugar a un amparo que plantearon los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, en representación de estudiantes; más algunos padres y docentes. Las prácticas educativas arrancarán en 2022, cuando los más de 2.700 alumnos que el año pasado comenzaron con la nueva modalidad educativa lleguen a su quinto año de estudio.

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Según pudo saber Clarín, desde el Gobierno apelarán la sentencia de la jueza Lourido, pero además pedirán a la Legislatura que modifique la ley 3541, de modo de garantizar que las prácticas sean obligatorias, y así permitir que se lleve adelante el proyecto de Secundaria del Futuro tal cual fue diseñado por el oficialismo.Para el Ministerio de Educación porteño este debate “es central” porque -entienden- “la educación debe estar vinculada al mundo del trabajo”. “Queremos dar este debate, queremos que todos los alumnos tengan la posibilidad de pasar por estas prácticas que, desde hace años, ya tienen los estudiantes que van a las escuelas técnicas y que son muy útiles”, dijeron fuentes oficiales a Clarín.Con respecto a la sentencia, afirman que “no nos puede ordenar a que nos abstengamos de implementar algo que aún no está sucediendo. Faltan tres años para empiecen las prácticas laborales. Lo que surge del fallo es que hay que modificar la ley 3541, y eso es lo vamos a pedir”, dicen desde el oficialismo. Y agregan que “nuestro Norte es ir a prácticas obligatorias, es una discusión que hay que dar, que merecemos darnos”.

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La llamada “Secundaria del Futuro” no implica un cambio de contenidos sino, principalmente, en la forma en que se organizan las clases. Es, en rigor, una profundización de la Nueva Escuela Secundaria (NES), en la línea de modificaciones que estableció el Consejo Federal de Educación, con la llamada “Secundaria 2030”. Cada jurisdicción debe darse su propio formato, y éste es el que eligió la Ciudad de Buenos Aires.De acuerdo a los documentos oficiales, el último año de estudios en la secundaria porteña (que puede ser quinto o sexto, según la modalidad) “los estudiantes deben cursar todos los espacios curriculares indicados en el Diseño Curricular”, teniendo en cuenta que el objetivo de la secundaria es preparar a los jóvenes para la continuidad de los estudios (en la universidad o terciarios) y también prepararlos para el mundo del trabajo.Por eso, se les hará a los estudiantes –dicen- un “acercamiento al mundo del trabajo mediante prácticas educativas que cada escuela desarrollará, de acuerdo con su Proyecto Escuela”, en empresas y organizaciones académicas, científicas, tecnológicas, humanitarias, artísticas, entre otras.

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Las prácticas educativas deben estar no solo integradas a la propuesta curricular, sino también deben tener como objetivo que los estudiantes consoliden, integren y amplíen conocimientos y habilidades relacionados con el perfil profesional en el que se están formando. Y deben tener como lógica que los alumnos “aprendan en la práctica”, dentro de las organizaciones laborales.Grupos de padres, estudiantes y sectores políticos critican duramente este enfoque, bajo el argumento de que podría tratarse de un “fraude laboral” o una forma que tengan a disposición las empresas para obtener mano de obra “sin los costos e implicancias de un contrato de trabajo”.La sentencia de la jueza Lourido también establece que la “Secundaria del Futuro” debió ser aprobada por un acto administrativo, cosa que el Gobierno no hizo. Y que, si sigue con este proyecto, deberán hacerlo antes del 1 de julio de 2019.

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