Aborto: grupos “provida” piden que intervenga el Defensor del Pueblo contra la reforma de Código Penal

Un colectivo de organizaciones denominadas “provida” presentó este jueves en la Defensoría del Pueblo de la Nación un recurso de queja contra el proyecto de reforma del Código Penal, haciendo foco en los puntos vinculados con el aborto no punible. Solicitan la actuación del Defensor del pueblo.​El texto, realizado por el abogado Ángel Romero de la Fundación Más Vida, alega que el proyecto “atenta contra el bien tutelado de la Vida Humana”. Raúl Magnasco, también miembro de Más V​ida, explicó a Clarín que son tres las objeciones y refieren a los artículos 86 y 88.El proyecto presentado el 25 de marzo incorporó la noción de “salud mental”. En el inciso 1 del artículo 86 dicta la no punibilidad del aborto “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre”. Según Magnasco esto habilitaría a más mujeres a abortar, a través de certificados psiquiátricos por depresión u otras enfermedades relacionadas.

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Las organizaciones que defienden la interrupción voluntaria de embarazo también critican este artículo, pero por las razones inversas: aducen que la redacción es restrictiva, ya que deja afuera los aspectos sociales y económicos que hacen a la definición de “salud integral” (reconocida por diversos tratados internacionales y la propia Organización Mundial de la Salud).Más Vida también objeta la no punibilidad del aborto en todos los casos de violación. Esto no constituye una novedad del proyecto, sino que ya rige en el país. La causal figura en el Código vigente, que data de 1921. Hace siete años, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema despejó las dudas sobre su interpretación: en Argentina, todas las víctimas de violación pueden interrumpir legalmente su embarazo.”No tiene la misma jerarquía un fallo que una ley que entra en un Código Penal”, afirma Magnasco. Al igual que otros militantes “provida” se opone a la decisión del Tribunal Superior de 2012 ya que “adolece de fallas y trabas que no terminan garantizando el acceso a la salud a los niños en el vientre”.También cuestiona el artículo 88 del proyecto, que impone una pena de 1 a 3 años a las mujeres que abortan, con la posibilidad de que el juez las exima o deje en suspenso la pena, de acuerdo a una evaluación de los motivos, su “actitud posterior” y “demás circunstancias”.De acuerdo con Magnasco, esto “abre la posibilidad de exonerar de culpa en todos los casos”. “Hoy no hay mujeres presas por hacerse aborto. La modificación implica que el aborto provocado por la propia mujer sea eximido. Nos preocupa porque se puede interpretar que si algo no es punible, se convierte en un derecho​. Incluso podría haber eventualmente un protocolo para que las mujeres accedan a misoprostol”, agrega.

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Sigue el vocero de Más Vida: “La Constitución que rige desde 1994 incluye los tratados internacionales a los que suscribe Argentina. Estos defienden la vida desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Cualquier modificación que vaya en contra es inconstitucional”.Distintos organismos que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo rechazan esta interpretación. El incumplimiento reiterado del fallo F.A.L. en el país -que cobró revuelo internacional por los casos de las menores de Jujuy y Tucumán- recibió incluso la condena de la Organización de las Naciones Unidas.La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto denuncia que el proyecto implica importantes regresiones en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes. Entre las principales críticas se incluye la incorporación de nuevos delitos como el “aborto imprudente”; el otorgamiento de un status jurídico al feto; y la habilitación de un juicio penal y moral por parte de la Justicia sobre el cuerpo de las mujeres.DD

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