Integridad en el Poder Judicial: las declaraciones juradas patrimoniales como herramientas de rendición de cuentas de jueces y funcionarios

Nuestro país ha asumido compromisos destinados combatir y prevenir la corrupción a través de la suscripción de instrumentos internacionales en el seno de la OEA, la ONU y la OCDE, que a su vez se receptaron en las normas internas de nuestro ordenamiento jurídico: Ley de Ética en la Función Pública, de Delitos contra la Administración Pública, de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, y normas sobre supervisión de integridad para las contrataciones de participación público privada que tuvieron por objeto los corredores viales del programa RARS (Red de Autopistas y Rutas Seguras), además de decretos que específicamente reglamentan la prohibición de recibir obsequios y previenen el nepotismo, entre otras medidas hacia la conformación y actividad del Poder Ejecutivo Nacional. En estos últimos años la agenda de integridad se constituyó en unos de los pilares más fuertes de la actividad gubernamental de la Nación.¿Pero qué ocurre con los que deben investigar y juzgar los delitos de corrupción, en concreto, los magistrados del Poder Judicial, fiscales y defensores, que también deben rendir cuentas en el marco de sus funciones? La Convención de la ONU contra la Corrupción suscripta por nuestro país en el año 2003 y ratificada por Ley N° 26.097, ha sido clara en la necesidad de que cada Estado Parte debe implementar medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder Judicial, teniendo presentes su independencia y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción en su (artículo 11).La aplicación de la Ley de Ética en la Función Pública (artículos 1 y 5) alcanza también a los miembros del Poder Judicial y al Ministerio Público, mas no ha tenido en este aspecto el resultado esperado, en particular en lo concerniente al contenido y disponibilidad de las declaraciones juradas patrimoniales (valor de los bienes propios, acciones bursátiles, empleos anteriores, participaciones en sociedades; sean propios, los de su cónyuge e hijos menores, los que integren la sociedad conyugal y/o los del conviviente, si los tuviere). Éstas constituyen una herramienta central que posibilita el control institucional y social del desempeño ético y transparente de los funcionarios públicos judiciales.Dejar librado a cada poder del Estado su reglamentación, parece acertado conforme el principio republicano de división de poderes, pero lo que no resulta todavía jurídicamente sostenible es cercenar parte del contenido exigible en las declaraciones juradas patrimoniales ni su transparente disponibilidad, en franca vulneración al derecho a acceso a la información pública por parte de los organismos de control y de la ciudadanía toda.En su Acordada N° 25 del año 2013 la Corte Suprema no reconoció como autoridad de aplicación a la Oficina Anticorrupción, dispuso la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales en su propio sitio web, sin replicarlas en el sitio de dicha OA. El aspecto aún más polémico es que los formularios diseñados para las declaraciones juradas no alcanzan a completar el contenido exigido por la Ley de Ética Pública. Además, según dijimos, dicha información, que debe ser pública y que permite detectar posibles incompatibilidades administrativas o conflicto de intereses derivados de empleos previos, participaciones accionarias o cargos societarios anteriores a su designación judicial, o el detalle sobre la participación propia o de parientes cercanos en sociedades actuales o precedentes, de las que pueda surgir una incompatibilidad ética, alcance o no a configurar el tipo técnico-procesal de una causal de excusación a la hora de juzgar.Es de esperar que con el nuevo proyecto de Ley de Ética Pública remitido al Congreso a principios de este año, que además incorpora como sujetos obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales a los candidatos a ejercer cargos públicos electivos nacionales, integrantes de los cuerpos colegiados de dirección y administración de las obras sociales, integrantes de los órganos directivos y de administración de las asociaciones sindicales reguladas en la Ley N° 23.551; y a miembros de los partidos políticos encargados del movimiento de fondos y financiamiento de campañas y actividades proselitistas, se reparen definitivamente estas cuestiones no menores que contribuyen a la opacidad de los titulares de los cargos enunciados y ponen en tela de juicio la integridad del Poder Judicial. Por ello, entiendo que resulta una necesidad central y urgente crear un organismo independiente, dotado de autonomía jurídico-administrativa y autarquía financiera -al modo de un “órgano extra-poder”según las doctrinas en boga sobre este tipo de entes- con funciones de administración, análisis, control y resolución de controversias de conflictos de interés, como autoridad de aplicación de la nueva Ley de Ética en el ámbito de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación, y que además emita opinión previa en relación a los antecedentes de integridad para las designaciones de jueces y funcionarios del Ministerio Público, a requerimiento del Consejo de la Magistratura u otros órganos competentes según el caso.Esta labor es esencial no solo para la igualación de condiciones de rendición de cuentas dentro de los tres poderes del Estado; y para la unificación, uniformidad y eficacia del régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios públicos, sino también para el debido control de su composición y condiciones de ejercicio, desde el propio Estado y desde la ciudadanía, sobre la integridad de los encargados de investigar y juzgar la corrupción pública y privada en un marco de igualdad y transparencia.La autora es abogada magister en Servicios Públicos, Compliance Professional Certified y profesora de Ética Pública en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación

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