Protesta de #NiunaMenos en Mendoza contra un fallo por el crimen de una joven: reclaman prisión perpetua

Julieta González tenía 21 años cuando fue asesinada, el Día de la Primavera de 2016. Esa misma tarde intercambió mensajes de texto con un joven con el que salía desde hacía más de un mes, Andrés Di Césare (26), hijo de un importante empresario del transporte de Maipú, en el Gran Mendoza. Pasadas las 18, Julieta avisó a su familia que salía pero sin precisar hacia dónde iba. Las pruebas aportadas en la investigación demostraron que se reunió con Di Césare, que la llevó en su auto hasta un descampado en la zona montañosa de Cacheuta, la golpeó y la mató luego de arrojarle en la cabeza varias piedras de gran tamaño. Arrastró y trasladó el cuerpo de la joven en su auto y lo enterró en ese campo. Después de tres años, la Justicia determinó que se trató de un homicidio simple y dejó fuera la violencia de género y la relación de pareja que implicaba una pena a prisión perpetua por femicidio para el acusado. En repudio al fallo, la agrupación #NiUnaMenos realizó esta tarde una marcha desde el microcentro mendocino hacia tribunales.

El reclamo de Justicia por el crimen de Julieta González. Foto: Andrés Di Cesare (Los Andes).

Los jueces Jorge Coussirat, Mauricio Juan y Alejandra Ratto (los mismos que están en la causa Provolo), condenó a Di Césare a 18 años en prisión. por homicidio simple y descartó la relación de pareja y la violencia de género. Sin embargo, para la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, que apelará la sentencia, la relación del joven con la víctima está acreditada en el expediente: “Hay cuatro testigos que declararon que los veían salir juntos, tenemos la mensajería de WhatsApp donde la hostigaba y celaba; y los últimos mensajes donde él le pedía que antes de tomar una decisión, abortar o no, con el supuesto bebé que engendraba de él, se vieran”. En ese encuentro Di Césare, “la mató porque creyó que ella estaba embarazada”, según la investigación penal.
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Los fundamentos de la sentencia recién se conocerán en los próximos cinco días, pero es posible que los jueces hagan valer los argumentos de la defensa de Di Césare que dijo “que no se pudo comprobar la relación de pareja ni que haya existido violencia de género previo al asesinato”. Para la fiscal Ríos, “la misma muerte de González manifiesta la violencia de género”. “El agresor medía 1,90 y la víctima 1,60. La mayor contextura, el engaño para llevarla al sitió donde la golpeó, la estranguló y luego le fracturó el cráneo con cuatro piedras de gran dimensión, son todos factores que determinan el contexto de violencia de género”, explicó la fiscal a Clarín.La querella, a cargo de Carolina Jacky y Juan Riffo habían pedido una condena por femicidio, lo mismo que la fiscal Ríos. Se basaron en pruebas científicas que ubicaron al acusado en la escena del crimen: los forenses hallaron restos de piel de Di Césare debajo de las uñas de González y varias manchas de sangre en el auto del joven donde golpeó y trasladó el cuerpo de la víctima.Ríos defendió su teoría de que Julieta fue asesinada el 21 de septiembre, el mismo día que desapareció, porque las antenas de celulares ubicaron a la misma hora los teléfonos de González y Di Césare en el mismo lugar –el cruce de calles Padre Vázquez y Matienzo de Maipú–, lo que determinó que se habían encontrado. Al requisar el teléfono móvil Di Césare se detectó que el asesino buscó en Internet información sobre “cómo borrar pruebas luego de un crimen: si se podía borrar el ADN de la víctima”.Los abogados defensores de Di Césare, Pablo Cazabán y Alberto Fernández, argumentaron que las pruebas no fueron directas y que si bien el joven reconoció que discutió con Julieta, y le dio un golpe en el rostro, dijo que se fue del lugar a una reunión con amigos por el cumpleaños de su primo.El cuerpo de Julieta apareció seis días después, luego de que encontraran una campera con sus documentos, a pocos metros de donde fue asesinada. La fiscal Ríos y la querella adelantaron que presentarán un recurso de casación y esperan que la Corte reconsidere la sentencia.Mendoza. CorresponsalPS

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