Expectativa en España por el fallo contra los líderes independentistas de Cataluña

Aunque aún no ha sido revelado, se lo considera un “fallo histórico” y, desde hace semanas, en España no se habla de otra cosa: la sentencia del Tribunal Supremo a los doce líderes independentistas catalanes que fueron juzgados por haber participado, en 2017, de la organización de un referéndum de autodeterminación ilegal y de una declaración de independencia de Cataluña que fracasó. Después de cuatro meses de deliberación, la sentencia se cerró el miércoles 9 de octubre y la intención de los jueces que juzgaron a los separatistas es firmarla este lunes 14. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, aseguró durante el fin de semana, sin embargo, que eso no significa que el fallo se dé a conocer ese mismo día y que podría ocurrir a lo largo de la semana.
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La decisión del Tribunal Supremo, considerada por algunos juristas como “la más importante de los cuarenta años de democracia española”, decidirá el destino del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, de ocho ex ministros del gobierno de la Generalitat, de la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y de dos líderes de organizaciones sociales separatistas.

AFP

A pesar de que ninguna fuente del Supremo lo ha confirmado, se ha filtrado que los independentistas serían condenados por sedición y no por rebelión, como desea la Fiscalía: los magistrados considerarían que el intento catalán de fundar una república propia no atentó contra el orden constitucional, tal como sostiene la Fiscalía, sino que ha sido un delito contra el orden público, la tesis por la que se inclina, desde el inicio del proceso, la Abogacía del Estado, un organismo que pertenece al gobierno socialista de Pedro Sánchez. El delito de sedición, al que le corresponden penas menos severas que a la rebelión, implica “el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”. Y, a diferencia de la rebelión, no incluye el uso de armas ni violencia. Según el código penal español, la sedición se castiga con penas que van de entre 4 a 15 años de cárcel, según el grado de participación y la gravedad de los hechos.

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Si los rumores acerca del veredicto así lo confirman, el ex vicepresidente Junqueras recibiría, entre todos los acusados, la mayor condena: 12 años de prisión por sedición. El resto de los ex consellers, la ex presidenta del Parlamento Forcadell y los dos líderes sociales -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- podrían ser castigados con penas de entre 8 y 10 años de cárcel. “No podemos considerar probado el uso de la violencia como elemento estructural del plan de los acusados”, dijo durante el juicio Rosa María Seoane, la abogada del Estado español. “Hubo cien sediciones para romper el orden constitucional”, dijo el fiscal Fidel Cadena, quien sostuvo desde el primer día que hubo un “plan u hoja de ruta en el que está enfocado el objetivo para llevar a cabo la violencia en el último acto de desconexión, romper con el sistema constitucional y declarar la independencia de una parte del territorio”. La rebelión, según el código español, se castiga con penas de entre 15 y 25 años. Otro de los delitos a considerar es la malversación que habría implicado el desvío de dinero público para organizar el referéndum anticonstitucional y llevar adelante la hoja de ruta que el independentismo tenía prevista en el otoño europeo de 2017 para lograr separarse del resto de España.

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La Abogacía del Estado propuso no sumar esta pena a la de sedición porque consideró que la malversación fue necesaria para cometer la sedición. Considerar ambos delitos por separado sería aumentar las condenas hasta 15 años. Habrá que ver cuál será la decisión final del fallo del Supremo. “No sirve de nada estar nervioso. Casi todo seguirá igual. Yo seguiré defendiendo lo mismo aquí y fuera, con cargo o sin cargo”, dijo Junqueras desde su celda de la prisión de Lledoners. “El peor fin de semana de nuestras vidas”, lo definió Jordi Sánchez, uno de los independentistas en prisión preventiva y a la espera de la sentencia. Los doce acusados llevan casi dos años de prisión preventiva. Pero no son los únicos responsables del intento separatista. Luego del referéndum ilegal del 1° de octubre de 2017 y de la declaración de independencia que el gobierno nacional fulminó aplicando el artículo 155 de la Constitución, que habilita la intervención en una autonomía si ésta desobedece, parte del gobierno catalán que estaba al frente de aquel plan soberanista huyó de España. Los funcionarios que se quedaron en Cataluña fueron encarcelados. El ex presidente Carles Puigdemont buscó, junto a otros tres ex ministros de su gabinete, refugio en Bélgica. Su vicepresidente -Junqueras-, el resto de los ex consellers y la presidenta del Parlamento Forcadell fueron detenidos en Barcelona. Los líderes sociales están presos desde el 16 de octubre de 2017.

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A horas de conocerse la sentencia al procés, como se llama el intento independentista, en Cataluña se respira aire electrificado. Este domingo, unas 200 personas pertenecientes a un nuevo grupo separatista, bautizado Picnic por la República, hizo una sentada en la estación de trenes de Sants en Barcelona. Fueron desalojados por los Mossos d’Esquadra, la policía local catalana, pero luego marcharon por la Gran Vía de las Cortes Catalanas y cortaron algunos tramos. Isabel Celaá, ministra de Educación y portavoz del gobierno en funciones, aseguró que la seguridad y la convivencia en Cataluña están garantizadas: “El gobierno de España garantiza libertad, seguridad y convivencia. Si la Generalitat desea abrir la puerta de la excepcionalidad, se aplicarán los instrumentos del Estado de derecho con firmeza democrática, con proporcionalidad y con unidad”. El Ministerio del Interior informó que envió a Cataluña un refuerzo de 2.000 policías de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por la reacción que la publicación de la sentencia pueda desencadenar en las calles.Es muy posible que los líderes independentistas que están a punto de conocer sus condenas queden inhabilitados para ejercer cargos públicos. Y aunque el fallo, inédito e inquietante, intentará ser aleccionador, no resolverá la pesadilla política que Cataluña sigue encarnado en el mapa español.PB

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