El Senado aprobó el jueves último el proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo que prevé un sistema de “pago de deudas previsionales” (en la práctica, se trata de un plan de compra de “unidades de valor” que representan períodos de aportes), para que accedan a jubilaciones y pensiones personas que no cumplen con los requisitos de la ley previsional.Si el texto resulta aprobado en Diputados se pondrá en marcha, una vez más, un mecanismo temporal que ayudará sin dudas a muchas personas, pero que no dará una respuesta a un problema estructural, derivado de al menos dos aspectos de la realidad. Por un lado, los altos y persistentes índices de precariedad e informalidad laboral, que son la razón por la cual tantas personas llegan a la edad de retiro sin aportes para su jubilación; por el otro, los requisitos exigidos por la ley, que resultan rígidos o que, al menos, merecerían ser objeto de una revisión, dentro de un análisis integral del sistema jubilatorio.Entre los jubilados actuales y también entre quienes en estos meses obtienen el alta de una prestación, son más los que recurrieron a una moratoria que quienes no lo hicieron. Pero el hecho de que depender de un mecanismo de excepción sea más habitual que ir por la regla general parece no llamar la atención de funcionarios y legisladores.Ante la realidad de que cae la cantidad de personas que llegan a la edad jubilatoria cumpliendo con lo exigido por ley, una recomendación que hacen economistas y previsionalistas es que, en lugar de insistir con medidas del tipo de las moratorias, se mejore el diseño de una prestación no contributiva que, con vigencia permanente, ya existe.La iniciativa hoy en debate se dio a conocer en mayo, en medio de la fuerte interna en el Gobierno. No hubo un diálogo previo con el ahora exministro de Economía, Martín Guzmán, incluso cuando la eventual aprobación tendría costos fiscales y sumaría complicaciones para el objetivo de cumplir con las metas acordadas con el FMI.En la última década y media, las moratorias ganaron tal protagonismo que, de las 5.229.503 jubilaciones liquidadas cada mes en el primer trimestre de este año, 3.408.201 (65%) tuvieron esos planes, según datos de la Secretaría de Seguridad Social. Y de las 1.623.181 pensiones, 204.816 tuvieron moratoria. En total, son más de 3,6 millones los beneficios obtenidos a través de este mecanismo, para el cual no hubo cálculos de costos ni previsión del financiamiento.El nuevo proyecto no implica una extensión directa de las moratorias vigentes (las de las leyes 24.476 y 26.970), para las cuales se reduce progresivamente la posibilidad de acceso. Como se permite declarar deudas por aportes correspondientes a ciertos períodos y hasta una fecha determinada, a medida que pasa el tiempo menos personas pueden entrar, y las que pueden ingresar lo hacen por períodos cada vez más cortos. Eso determina una desigualdad en el acceso a un beneficio, que depende de la fecha de nacimiento de las personas.“Hay un problema central: la seguridad social está armada con una lógica contributiva, en un país que tiene una informalidad que no la aguanta”, dice el economista Sergio Rottenschweiler, especializado en temas previsionales y docente en la Universidad de General Sarmiento.Y agrega: “La moratoria siempre tuvo una lógica de excepción; se dispone para que rija mientras esperamos que el mercado laboral formal se recupere y vuelva a construir el círculo de inclusión a través del trabajo. Sin embargo, eso no termina pasando y son necesarias nuevas medidas para sostener la cobertura, sin una visión integral del problema”.Cómo funcionaría el planEl proyecto prevé un plan de pagos al que podrán acceder, durante dos años, quienes tengan o cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 años los varones). Se permitiría en esos casos la declaración de aportes correspondientes a meses previos al inicio de 2009. Además, se habilitaría el ingreso a los planes de pago a quienes estén a una distancia de hasta 5 años de la edad de retiro; en este caso se podrían comprar períodos hasta el 31 de marzo de 2012.El mecanismo, diferente al de una moratoria en sentido estricto, funcionaría así: se definiría un valor en pesos para una “unidad de pago de deuda previsional”, que se adquiriría en una cantidad suficiente para llegar, en cada caso, a los 30 años. Cada unidad representaría un mes de aporte y valdría el 29% de la base salarial para calcular los descuentos a la seguridad social, que se actualiza trimestralmente. En la actualidad, el valor de cada mes de aportes sería de $3665,14. Es decir, se “compraría a crédito” una cantidad de esas unidades y luego se armaría un plan de pagos de hasta 120 cuotas, que se descontarían del haber mensual.“Es una compra, ya no camuflada, de ‘trabajé pero no pagué’ de meses de ‘servicios’; para mí, es una burla a la ley, que exige servicios y no el mero pago de dinero”, cuestiona la abogada Elsa Rodríguez Romero.Según una estimación del abogado Adrián Tróccoli, si adhieren en el corto plazo unas 750.000 personas (tal como indican las proyecciones oficiales), y si se considera una prestación promedio de $40.000 mensuales, a la cual habría que restarle el monto de las cuotas de los planes de pago (las cuotas de quienes se jubilen enseguida y las de quienes se inscriban estando en edad activa, para ir regularizando su situación), podría haber un costo inicial de $26.000 millones cada mes.Todo cálculo, claro, se basa por ahora en supuestos sobre datos que solo se conocerán con la implementación. Y habría que descontar el costo de las pensiones para el adulto mayor (la PUAM) que se otorgarían en caso de no existir el régimen propuesto. Pero también, según advierte Tróccoli, hay que tener en cuenta que quienes hoy perciben esta última prestación podrían renunciar a ella para adherir al nuevo plan. Y eso sumaría más costo fiscal de mediano y largo plazo.La PUAM, creada en 2016 y pensada como el reemplazo progresivo de las prestaciones otorgadas por moratorias, es una prestación para quienes tienen al menos 65 años, cumplen ciertas condiciones en cuanto a su situación socioeconómica y no cuentan con aportes suficientes, sin importar si no hicieron ninguna contribución o si acumularon varias, una cuestión esta última que no pocos dicen que debería corregirse. El monto, igual para todos (hayan hecho o no algunos aportes), equivale al 80% del haber mínimo.“Si la PUAM es insuficiente o no alcanza a un grupo de mujeres [por el requisito de los 65 años], habría que hacer un proyecto para corregirla –dice el economista Oscar Cetrángolo–, en lugar de hacer más medidas de excepción”, como lo son las moratorias o, como en el caso del proyecto actual, los planes de compra de períodos de aportes.Silvia StangTemasJubilacionesAnsesComunidad de NegociosSenado de la NaciónConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de JubilacionesCalendario de Anses. Las fechas de cobro de jubilaciones, AUH, AUE y otras prestaciones que se pagan en julioJubilaciones. Quiénes podrían ingresar a la moratoria previsional que aprobó el Senado y por qué es un parche para el sistemaCompras con tarjeta. La AFIP aumentó el reintegro para jubilados y beneficiarios del AUH
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