escucharescucharPor una amplia mayoría, con nueve votos a favor y solo uno en contra, y después de rechazar varios pedidos de nulidad, el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense admitió la acusación contra el fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, actualmente procesado por falsedad ideológica de documento público en relación con un operativo en el que se secuestró un importante cargamento de cocaína donde los policías que intervinieron se habrían quedado con media tonelada de cocaína. En marzo o abril próximos comenzaría el juicio político que podría derivar en su destitución.Así lo informaron a LA NACION fuentes del Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense. Al admitir la acusación y mientras dure el juicio político, Scapolan solo cobrará el 40 por ciento de su sueldo. Hasta hoy estaba apartado preventivamente de su cargo.¡Último momento! Por fin salió el apartamiento del fiscal Claudio Scapolán, procesado por Asociación Ilícita para el narcotráfico. Con el ex fiscal Novo íntimo de Massa. Gozó por años de una escandalosa protección política.— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 4, 2022
“La Procuración General bonaerense acusó en dos ocasiones a Scapolan de la comisión de numerosos delitos en ejercicio de sus funciones en su rol como cabeza de una asociación ilícita cuya finalidad consistía en extorsionar a distintas personas (mayormente vinculadas al narcotráfico) para obtener dinero o bienes de manera ilegítima, en una red conformada por policías, funcionarios judiciales, abogados y civiles”, sostuvieron fuentes del Tribunal de Enjuiciamiento. Sobre esas imputaciones se centró la audiencia de esta mañana.El único voto en contra de admitir la acusación fue el de la senadora Sofía Vannelli (Frente de Todos). En cambio, el diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), el senador Juan Pablo Allan (Juntos), el diputado Daniel Lipovetzky (Juntos), diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los abogados, que actúan como conjueces, José Manuel Del Cerro, Carlos Garavaglia, Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña y Juan Spinelli votaron a favor.Scapolan había sido procesado, en octubre de 2021, por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado como jefe de una asociación ilícita, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco. La banda criminal, integrada por policías bonaerenses y abogados particulares, también fraguaba procedimientos y extorsionaba a presuntos narcos, según el expediente judicial.Hasta el 24 de julio de 2020, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ese día se hizo pública la citación del representante del Ministerio Público a prestar declaración indagatoria, pero por una serie de recusaciones y de planteos de nulidad logró cuatro suspensiones de la audiencia y recién fue indagado en marzo de 2021.“Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima, intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”, sostuvo el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, en el dictamen donde había pedido el procesamiento de Scapolan.El suspendido fiscal Claudio ScapolanArroyo Salgado, además, trabó un embargo sobre los bienes de Scapolan hasta cubrir la suma de 2.000.000.000 de pesos.Pero, en junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolan. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.La droga incautada en el 2013ArchivoEn su defensa, Scapolan había acusado a Arroyo Salgado y al fiscal Domínguez de haber desatado una “cacería”en su contra. Sostuvo que era inocente y negó todos “los cargos” que se le hicieron. Ahora, los camaristas Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas le dieron la razón en la mayor parte de las imputaciones, al menos, en las más graves.La Cámara Federal de San Martín también le redujo sustancialmente el embargo que pesaba sobre sus bienes: pasó de 2000 millones a un millón de pesos.Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio DupuyTélamLos camaristas consideraron que el grueso de la acusación se asentaba en los testimonios de testigos de identidad reservada y “arrepentidos” de los propios casos en los que se señalaban maniobras espurias de policías –y abogados penalistas– para fraguar procedimientos, “plantarles” droga a narcos y extorsionarlos, pero que la jueza y el fiscal no habían logrado corroborar esos dichos con pruebas objetivas en lo referente a la actuación del fiscal Scapolan y de quienes eran sus secretarios, que ya habían sido beneficiados con una falta de mérito en la causa.Ayer, Scapolan había recibido otra mala noticia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazó un planteo presentado por sus abogados defensores, Marcelo D’Angelo y Félix Linfante, donde se solicitaba la nulidad de la declaración, en la causa que lo tiene bajo investigación, de un “imputado colaborador” que dio detalles de la trastienda del denominado caso Leones Blancos.Scapolan recurrió a la Corte Suprema de Justicia después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de los jueces Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazara dos planteos presentados por la defensa del fiscal. “Se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución. Notifíquese y, oportunamente, archívese”, sostuvieron en el fallo el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.Arroyo Salgado ya no está más al frente de la causa donde se investiga a la asociación ilícita que, según el expediente judicial, extorsionaba a narcotraficantes y que robo un cargamento de media tonelada de cocaína. Fue apartada de la causa por decisión de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín tras la presentación hecha por la defensa uno de los imputados que fue beneficiado por una falta de mérito. En una entrevista en LN +, Arroyo Salgado sostuvo que la recusaron “por un motivo procesal sumamente cuestionable”. Y agregó: “Investigué, avancé hasta llegar al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios provinciales que debían investigar al narcotráfico”.La recusación había sido planteada por la defensa de Maximiliano Jarisch, que hasta que se desató el escándalo cumplía funciones como secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan.Jarisch y su colega Gustavo Sanvitale habían sido procesados con prisión preventiva en primera instancia por Arroyo Salgado, pero tras la apelación fueron liberados y se les dictó la falta de mérito por falta de pruebas. La magistrada los había considerado como organizadores de la supuesta asociación ilícita.La defensa de Jarisch recusó a la jueza Arroyo Salgado porque “al dictar el procesamiento de Adrián Baeta y Alejandro Giancarelli [otros de los supuestos integrantes de la organización] mantuvo la descripción de los hechos y el rol que le había sido atribuido a su asistido al dictar su procesamiento a pesar de la falta de mérito”.La recusación ya había sido rechazada por el tribunal de alzada, entonces, el abogado Juan Manuel Cuesta, defensor de Jarisch, recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal, que en un fallo con la firma del juez Borinsky, decidió anular la decisión y ordenó un nuevo pronunciamiento.“Llegado el momento de expedirme nuevamente sobre el particular, habré de hacer lugar a la recusación planteada, ordenando el apartamiento de la magistrada de instrucción. Dejando a salvo mi opinión personal sobre el tema explicitada en las dos decisiones anteriores, pero teniendo en consideración los lineamientos trazados por el Superior [la Cámara Federal de Casación Penal], en tanto sostuvo que, en el supuesto que nos ocupa, se ha visto afectada la imparcialidad objetiva de la juez instructora, definida como aquella que “pueda mostrar garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso´”, sostuvo el juez Marcelo Fernández, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín.Gabriel Di NicolaTemasNarcotráficoSandra Arroyo SalgadoConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de NarcotráficoNarcoescándalo. Revés en la Corte Suprema para un fiscal que había sido procesado por la jueza Sandra Arroyo SalgadoVino amargo. Identificaron a dos sospechosos que habrían mandado a una “mula” a Europa a buscar éxtasis líquidoCamino a Chile. Detienen a un camionero que llevaba 21 kilos de cocaína escondidos debajo de la cama de la cabina