La Comisión Nacional de Disciplina Judicial destituyó a un exfiscal anticorrupción por recibir sobornos de la exalcaldesa de Florencia (Caquetá). Foto: Archivo InfobaeEl ex fiscal anticorrupción Juan Eberto Novoa Salazar fue destituido e inhabilitado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tras hallarlo culpable de recibir dádivas y sobornos por parte de la exalcaldesa de Florencia (Caquetá) para que la favoreciera, junto a otros diez concejales, en una investigación por prevaricato por omisión, abuso de la función pública y celebrar contratos sin el cumplimiento de requisitos legal.Según dio a conocer la entidad disciplinaria, Novoa Salazar recibió dos pagos de 10 millones de pesos, servicios de trabajadoras sexuales, licor e insumos jurídicos para dilatar el caso con el fin de favorecer a María Susana Portela en el caso que se libraba en su contra.“Comprobada la entrega del dinero y dádivas al doctor Novoa Salazar, basta para afirmar que se configura la falta disciplinaria independientemente de la actuación que desplegó o dejó de hacer”, estableció el fallo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.María Susana Portela, exalcaldesa de Florencia (Caquetá), fue confenada por pagar más de 200 millones de pesos para que los concejales del municipio votara a favor de un proyecto en el que tenía intereses personales. Foto: Alcaldía de Florencia (Foto: Alcaldía de Florencia/)A la exalcaldesa de Florencia, María Susana Portela, le habían dictado una orden de captura en 2014 por las irregularidades en un contrato; sin embargo, cuando el entonces fiscal anticorrupción asumió el caso, retiró la orden y solo le imputó dos de los tres cargos de los que se le acusaba. Meses después, la investigación fue archivada. El testigo del ente investigador fue Germán Isaza Morales, quien para entonces era el abogado asesor de la Alcaldía de Florencia. Isaza indicó que el primer pago se lo entregaron a Novoa y los 10.000 millones de pesos restantes los recibió en su casa, donde además le enviaban las trabajadoras sexuales que pedía. En la declaratoria citada por El Tiempo, Isaza Morales sostiene: “En una reunión en las afueras de la ciudad me hizo señas con la mano que con 10 millones eso se podía arreglar. Esa información se la entregué a Susana Portela y a Diego Rojas, el esposo de ella. En privado me entregaron el dinero, el cual yo le entregué al doctor Novoa en mi carro (…) Le llevé unas acompañantes de un catálogo que tenía un funcionario de Servaf S.A. ESP, con el propósito de mantener unas buenas relaciones”.Novoa Salazar negó la recepción de dinero, alcohol y mujeres; además dijo que el testimonio de Isaza tenía inconsistencias, porque él no consumía licor, ni contrataba servicios sexuales; sin embargo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial corroboró la versión de Germán Isaza Morales y procedió a destituir e inhabilitar al exfiscal anticorrupción. Aunque el fallo contra Novoa Salazar se dio por el caso puntual de la exalcaldesa Susana Portela, en la investigación se mencionan sospechas de conductas similares en la elección del revisor fiscal del Hospital Malvinas y en una investigación contra el exalcalde, encargado, de Florencia Edilberto Ramón Endo.Finalmente fue condenadaPese a la intervención del exfiscal Juan Eberto Novoa Salazar, la exalcaldesa de Florencia Susana Portela, su esposo y diez concejales más fueron condenados en 2021 por los delitos de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y cohecho impropio.Según las investigaciones Portela y su esposo, Diego Luis Rojas Navarrete, repartieron más de 200 millones de pesos a los exconcejales Ancisar Mosquera, Jarol Ríos, Óscar Parra, José Garzón, Manuel Ramírez, José Medina, Juan Olarte, Eduardo Silva, Yineth Caviedes y Jorge Romero, para que votaran positivamente un proyecto municipal. Los exconcejales fueron condenados a seis años y medio de cárcel, mientras que Susana Portela y Diego Rojas recibieron una medida de cinco años y medio de prisión. En el proceso también fue cobijado con medida de aseguramiento el exconcejal Lino Antonio Casanova, quien falleció en 2020, por lo que precluyeron los cargos en su contra.