Juan José Laverde deberá ofrecer disculpas públicas y comprometerse ante las autoridades que no volverá a incurrir actos delincuenciales, manteniendo una buena conducta – crédito ColprensaEl caso de Centros Poblados, que le costó el puesto a la exministra de las TIC Karen Abudinen, y que ha logrado la acusación y condena de varios empresarios, presuntos implicados de llevar a cabo maniobras ilegales para quedarse con la adjudicación del contrato que, en teoría, llevaría la conexión de internet a las escuelas rurales del país, sigue dando de qué hablar.El jueves 31 de agosto de 2023, una jueza de Bogotá dejó en firme el principio de oportunidad parcial para Juan José Laverde, principal testigo del escándalo de corrupción.Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.La Fiscalía General de la Nación ya había concedido este beneficio a Laverde, que establece como condición declarar en contra de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, Jorge Alfonso Molina y Ottomar Lascarro Torres, principales investigados en el caso.A cambio de colaborar con la justicia, Laverde obtendría inmunidad penal por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.Además, deberá ofrecer disculpas públicas y comprometerse ante las autoridades que no volverá a incurrir actos delincuenciales, manteniendo una buena conducta.Emilio Tapia, protagonista del Cartel de la Contratación, es el cerebro del escándalo del contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados – crédito ColprensaLa encargada de avalar el principio de oportunidad para el testigo clave del caso fue la juez penal 85 de control de garantías de Bogotá, la cual suspendió, por el término de un año, toda acción penal en contra de Juan José Laverde.Laverde fue condenado el 10 de julio de 2023 a 48 meses (cuatro años) de prisión por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, en el que se habrían perdido $70.000 millones como parte del contrato suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.Adicionalmente, el condenado tendrá que pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad de 30 meses para ejercer funciones públicas.Juan José Laverde se convirtió en el segundo condenado por el caso de Centros Poblados, el 27 septiembre de 2022, se produjo la primera condena.El otro condenado por el caso Centros PobladosEl empresario Jorge Enrique López fue sentenciado a cuatro años de cárcel tras acogerse a un preacuerdo con la Fiscalía, además de ser obligado a pagar $187 millones de multa por su participación en este escándalo.López también fue sentenciado por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.La responsabilidad de López estuvo en gestionar y modificar, de manera ilegal, un total de tres documentos clave para que se adjudicara el contrato en favor de la Unión Temporal Centros Poblados, y así entrara a las cuentas bancarias el famoso adelanto de los $70.000 millones. Entre ellos la póliza que sirvió de garantía para tal fin.“Estas garantías se estaban presentando ante el Ministerio de las Tecnologías tanto para la adjudicación del contrato como para el cumplimiento de la misma”, reveló la Fiscalía en este caso.Tres exfuncionarios del MinTIC, sancionados por irregularidades en la licitaciónFuncionarios sancionados por la Procuraduría en el caso Centros Poblados, exdirector de Infraestructura del MinTIC, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; exsecretaria General del MinTIC, Adriana Vanessa Meza Consuegra; exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez – crédito: ColprensaEn mayo de 2023, tres funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fueron sancionados por estar relacionados con las irregularidades del escándalo de corrupción Centros Poblados.La funcionaria de más alto rango hallada responsable por la Procuraduría fue la exsecretaria general Adriana Vanessa Meza Consuegra. Fue suspendida por cinco meses “por incluir una cláusula con la figura del amigable componedor en el pliego de condiciones de la licitación, sin haber sido avalada por el Comité de Conciliación de la entidad”.El otro funcionario sancionado fue el exdirector de Infraestructura del MinTIC y estructurados de la licitación, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien, al parecer, permitió que se modificaran los requisitos de indicador patrimonial, sin ningún sustento y contrario a las recomendaciones del consultor TELBROAD-PROFIT.La mayor sanción la llevó la ex subdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez, quien fue sancionada con destitución y una inhabilidad de nueve años y un mes, al haber aprobado las garantías del contrato sin haber verificado de manera diligente y pese a que la UT Centro Poblados las presentó de manera extemporal.
Escándalo Centros Poblados: avalan principio de oportunidad para Juan José Laverde, principal testigo del caso
