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En pie de guerra con Milei por la quita de fondos para el transporte y la educación, los gobernadores avanzan por la vía judicial

reunión de gobernadores de juntos por el cambioEl Gobierno está decidido a sostener los recortes a las provincias mediante la sustracción de fondos destinados a costear servicios y programas que se ejecutan en el interior. Es una actitud que adoptó Javier Milei como represalia por la falta de apoyo de las provincias con los diputados que responden a algunos jefes territoriales a la aprobación de la Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus). Los gobernadores comenzaron a comunicarse entre ellos y acordaron avanzar por vía judicial para frenar la embestida de la Casa Rosada.Es una situación que lleva el extremo el conflicto institucional que afronta el Gobierno en el alba de su mandato. La fallida sesión por la Ley Ómnibus desnudó la fragilidad parlamentaria del oficialismo. La confrontación cuerpo a cuerpo con los gobernadores expone la falta de presencia territorial de la fuerza política del Jefe de Estado. Milei no tiene ningún gobernador de su partido. Gestiona las perillas del Estado nacional sin sustento legislativo ni soporte territorial. ¿Tendrá plafón en el Poder Judicial, el tercer y último poder estatal? En caso contrario, Balcarce 50 deberá hacerse cargo de decenas de litigios contra las provincias que apuestan a defender en los tribunales los recursos para sus arcas.Desde Chubut, Nacho Torres instrumentó a su equipo de legales para interponer una acción cautelar contra el Estado nacional por la quita del subsidio para el trasporte público. Fue por la decisión del Poder Ejecutivo del jueves pasado de sustraer el Fondo Compensatorio del Interior que era destinado para las empresas de colectivos del interior del país. Con ese dinero, las provincias podían subsidiar de forma indirecta las tarifas del transporte público. Ese fondo contemplaba unos $102.000 millones. Sin la Ley Ómnibus, el Gobierno decidió avanzar en la meta de déficit fiscal serio mediante recortes a fideicomisos y partidas presupuestarias destinadas a las provincia.Javier Milei con el Papa Francisco, en su visita al Vaticano (REUTERS ) (VATICAN MEDIA/)La movida del chubutense es la primera. La liga de gobernadores de Juntos por el Cambio estuvo en contacto vía WhatsApp y por llamadas que se desarrollaron durante todo el fin de semana largo. En ese grupo están, además de Torres, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri, (Ciudad de Buenos Aires) Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy).Cada distrito vive una situación particular, aunque los mandatarios buscan mostrarse unidos en la ofensiva contra el Gobierno. Ante la falta de un liderazgo que los ordene, no tienen una estrategia unívoca ni clara. En principio, los cohesiona y moviliza la necesidad de ponerle un freno a Milei respecto a la decisión de avanzar en el ajuste fiscal con recorte a las provincias.Según pudo conocer Infobae a través de Presupuesto Abierto, y en diálogo con las provincias, el Gobierno nacional destina actualmente $88 mil millones en subsidios mensuales al AMBA sólo por colectivos. Esa cifra no incluye subtes ni trenes, medios de transporte que prácticamente no hay en el interior (el tren no llega a todas las ciudades). En cambio, a todo el interior, el Estado le giró en el último trimestre alrededor de $11 mil 500 millones por mes.Un grupo de gobernadores y legisladores reunidos en enero en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con Guillermo Francos, ministro del InteriorConforme la última devaluación que dispuso el Gobierno nacional en diciembre último, que llevó el dólar oficial a $800, y al crecimiento de la inflación, en las provincias estiman que la cifra por subsidios al transporte se iría a iría a $150 mil millones por mes para el AMBA, mientras que para el interior sería cero. “Esto es reeditar la pelea entre unitarios y federales antes de la federalización de Buenos Aires en 1860″, renegó ante este medio un gobernador del norte.Al grupo de JxC se suma el malestar de gobernadores del peronismo no kirchnerista, que actúan a la par de los radicales y el PRO. Martín Llaryora, de Córdoba, es el referente de esa entente. Los cordobeses aún no resolvieron avanzar judicialmente por la quita de subsidios al transporte, aunque sí evalúan hacerlo respecto a la deuda del Gobierno nacional por las cajas previsionales.A la par de los subsidios al transporte, hay 13 provincias que tienen un sistema previsional propio. En esos casos, la Anses cubre una parte del déficit de las cajas de jubilaciones no transferidas. El resto de las provincias, en cambio, transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado central luego de la reforma constitucional de 1994. El caso de Córdoba es histórico. Los cordobeses sostienen que aún Balcarce 50 debe cancelar una deuda por el déficit en las cajas jubilatorias y evalúa con insistir en la Corte con el mismo planteo.La pelea por los fondos para la educaciónLos ministros de Educación de las provincias le reclamaron a Carlos Torrondel, secretario de Educación de la Nación, por la quita de Fondos para financiar programas educativos en el interiorOtro de los recursos reclamados son los que se destinan a la educación. Puntualmente, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que el Gobierno anunció el viernes pasado la suspensión de los aportes nacionales al salario docente. Con esa decisión, peligra el comienzo de los ciclos lectivos en más de una provincia.A partir de esa noticia, los gobernadores instruyeron a los ministros de Educación de todas las provincias a reunirse y emitir una nota para el Gobierno con el fin de que se atienda la situación. El viernes, se reunió en la Ciudad de Buenos Aires el Consejo Federal de Educación con la presencia de los 24 funcionarios de la cartera educativa de todas las jurisdicciones.Los ministros firmaron una nota dirigida a Carlos Torrondel, secretario de Educación de la Nación, para exigirle que no se corten los fondos para el financiamiento educativo en el interior. En la misiva, los funcionarios reclamaron por la continuidad de programas como el FONID, el Programas Educativos Nacionales, el Fondo de Infraestructura, el Fondo de Compensación Salarial Docente, Conectividad y Material Didáctico.La Casa Rosada tiene la intención de aplicar un ajuste fiscal a partir de recortar los fondos fiduciarios que envían dinero al interior para distintos programas de obras y servicios. Hay cerca de 30 fideicomisos con ese fin, que maneja el Gobierno y que representan una erogación de cerca de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) por año.Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y presidenta del PRO, recibirá hoy a los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y a Nacho Torres, de Chubut (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
(Juan Ignacio Roncoroni/)Milei aterrizó ayer de su gira internacional por Israel e Italia y aún no determinó si sostendrá su actitud de confrontación política con los gobernadores, basado en un ajuste a las provincias. Los gobernadores insisten en la necesidad de avanzar en un pacto fiscal y bajar el nivel de la pelea con el Gobierno.Bullrich mueve sus hilosEn este marco, Frigerio y Torres tienen previsto reunirse hoy con Patricia Bullrich en Buenos Aires. El gancho del encuentro es la gestión de la seguridad en esas jurisdicciones en lo que hace a delitos complejos y federales, del alcance de las fuerzas de seguridad que controla la ministra del área.Sin embargo, el cónclave también será un momento de articulación política. Bullrich es un puente entre el Gobierno y el PRO, en plenas conversaciones para una fusión entre ese partido y La Libertad Avanza. Así como también la ex candidata a Presidenta tiende puentes con los mandatarios del PRO para acercar posiciones con la Casa Rosada y buscar consensos.Ambos mandatarios llevarán sus reclamos a Bullrich con la idea de que lleguen a oídos del Sillón de Rivadavia. Los dos gobernadores creen, junto a la mayoría de sus colegas, que debe ser prioridad rencauzar el diálogo con la Nación para lograr un nuevo consenso fiscal que destrabe la actual disputa política entre los estados subnacionales y Milei.

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