Las resoluciones que se publicaron en El Peruano hacen referencia a dos sindicatos de trabajadores – crédito Quillabamba Te InformaEl Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró ilegal la huelga de dos organizaciones gremiales: el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (Sintrap) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del INPE (SINTPE INPE). La medida fue firmada por Federico Javier Llaque Moya, presidente del organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).De acuerdo a las resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, los trabajadores tomaron esta medida de fuerza, a pesar de que haber sido declarada improcedente por parte de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).Entre los reclamos se encuentran una mejora de las condiciones salariales. Los manifestantes aseguran que las remuneraciones que perciben no son adecuadas y que estas deben ajustarse para cubrir el costo de vida.Impiden el ingreso de alimentos y medicinas al penal del Lurigancho. (Fotocomposición: Infobae Perú)En Lambayeque, algunos protestantes adaptaron la letra de la canción para niños que cantó la presidenta de la República en una visita a un colegio, ‘El Gato Ron-Ron’, para llamar la atención de la mandataria sobre sus pedidos.”Está el penal de Chiclayo Ron-Ron, en huelga indefinida Ron-Ron, pidiendo aumento de sueldo Ron-ron, si no abrimos penales Ron Ron”, expresó en el séptimo día de paro, una trabajadora a Exitosa.“Señora, Dina, pónganse en nuestro lugar (…) Nosotros también somos del Estado peruano y mientras ustedes están allá arriba, nosotros cuidamos aquí, los lugares más peligrosos del Perú. Aquí sabemos el tiempo de personas que tenemos y damos el diá a día, por tratar de resocializar, por tratar de dar lo mejor. Solo pedimos ser escuchados y el aumento de sueldo que nos merecemos por derecho laboral”, añadió. No ingresan medicamentos ni alimentosEsta huelga general de trabajadores del INPE generó una serie de restricciones en los 68 centros penitenciarios del país, entre ellos, el Penal de Lurigancho. Desde el inicio de la protesta, los familiares de los internos alertaron que no se permiten visitas, ni la entrega de alimentos, ni medicamentos.La iniciativa legislativa también tiene como coautores a los demás miembros de la bancada de Podemos Perú – crédito AndinaMás de 10 mil trabajadores se han sumado a las marchas, llegando a casi dos semanas. Una de las madres afectadas comentó a Exitosa que a pesar de haber llegado a la capital desde Huánuco, no la dejaban ingresar.“Tengo acá 15 días (…) Mi hijo está sin medias, sin ropa, no hay nada para que coma (…) Vengo de lejos, no voy a estar, no tengo casa acá”, expresó.Los reclamos también mencionan un desabastecimiento de medicamentos, lo que pondría en riesgo la salud de los internos, especialmente aquellos con enfermedades crónicas. Una familiar de un recluso expresó su preocupación por la posibilidad de contagios y destacó la alta incidencia de tuberculosis en el penal. “Hay demasiada TBC adentro (…) si no tienen medicina infectan a otras personas que no se van a alimentar”, dijo a Exitosa.Cuatro trabajadores del INPE asignados al penal de Trujillo fueron asesinados “por imponer el orden” hasta la fecha| AndinaLa congresista de Avanza País, Patricia Chirinos se pronunció respecto a esta situación y expresó que esta medida de fuerza “está afectando las visitas familiares y conyugales, generando preocupación en las familias de los internos”.“Es vital que el Gobierno atienda las demandas de los trabajadores del INPE y que se garantice el respeto de sus derechos laborales, así como el bienestar de los reclusos. Esta situación exige una solución inmediata y justa”, publicó a través de su cuenta personal de X (antes de Twitter).Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta oficial a las demandas. Sin embargo, la situación dentro de los centros penitenciarios sigue deteriorándose debido a la falta de suministros esenciales y la imposibilidad de visitas de familiares, quienes se ven obligados a esperar fuera de los establecimientos sin ninguna información ni certeza sobre la resolución del conflicto.