La inseguridad jurídica vinculada al silencio administrativo negativo en numerosos expedientes de extranjería emerge como uno de los focos de preocupación al inicio del I Congreso de Extranjería, organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Según informó el propio Colegio en un comunicado, el evento se desarrolla esta semana en la capital española bajo el lema “Derechos en movimiento: construyendo integración en el nuevo marco jurídico de la Extranjería”, en un contexto de reformas legales y presión institucional creciente sobre el sistema migratorio del país.El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) detalló que la cita congrega a representantes de instituciones, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, operadores jurídicos y expertos académicos, quienes analizarán durante dos jornadas los retos derivados de la reciente aprobación del Real Decreto 1155/2024. El congreso tiene lugar en un momento calificado por el ICAM como de “profunda transformación normativa”, donde los cambios introducidos en materia de extranjería han modificado de forma directa la gestión de trámites, la protección de derechos y el marco de seguridad para migrantes y profesionales legales.De acuerdo con la información difundida por el ICAM, la inauguración oficial está prevista para el jueves a las 9:30 horas, y contará con la intervención del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; el jefe superior de Policía de Madrid, Javier María Galván; y el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, Emilio Ramírez Matos. Tras la apertura, la primera sesión técnica, programada para las 10 horas, abordará la aplicación práctica del Real Decreto 1155/2024, con la participación de Paloma Pérez Cortijo, directora del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Madrid, y moderación de Carlos Mora Almudí, abogado especializado en extranjería.El medio informó que entre los temas centrales del congreso se encuentran los nuevos modelos de arraigo, los procedimientos relativos a la residencia de familiares de ciudadanos españoles, el análisis de la tramitación de nacionalidades, y las novedades respecto a la concesión de visados tras la entrada en vigor de la nueva normativa. También está previsto debatir sobre la dicotomía entre la expulsión y la imposición de multas administrativas; la revisión de los procedimientos de modificación de autorizaciones; y los retos específicos de la lucha contra la trata de seres humanos y la protección internacional de quienes solicitan asilo en España.Durante el evento se pretende crear un espacio para compartir experiencias entre los profesionales inscritos, identificar las disfunciones detectadas en la aplicación de la norma y promover propuestas dirigidas a mejorar la seguridad jurídica. Según indicó el ICAM, las sesiones se desarrollarán de forma simultánea y el contenido íntegro estará accesible para los participantes registrados.Según consignó el Colegio de la Abogacía de Madrid, el programa incorpora exponentes pertenecientes a diversas áreas técnicas e institucionales: Luis Esteban-Manzanares Fernández Roldán (Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos), Jaime Nicolás González (comisario de la Brigada de Extranjería de Madrid), Elena Espejel García (jefa del grupo de régimen sancionador de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras), Juan Carlos García Pastor (subdirector adjunto de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil) y Beatriz Iglesias (jefa de la Oficina de Extranjería de Madrid).Entre otros participantes confirmados figuran responsables de oficinas de extranjería de distintas ciudades: Francisco Javier Durán (Almería), Julio Simón (A Coruña), y profesionales del Poder Judicial y organismos estatales, como Fernando Portillo (magistrado en Melilla), Víctor Díaz (subdirector general adjunto de Asuntos Generales y Jurídicos de la Dirección General de Protección Internacional) y Juan Manuel Puerta (jefe de la dependencia de Trabajo e Inmigración de Granada).El Congreso, impulsado por el Centro de Estudios y las Secciones del ICAM, responde a la necesidad de examinar y debatir el impacto directo que el Real Decreto 1155/2024 ha generado sobre el trabajo cotidiano de los operadores jurídicos. Las modificaciones inciden tanto en los procedimientos de arraigo como en el régimen de autorizaciones para familiares de ciudadanos españoles y otros aspectos clave del sistema migratorio nacional.