El crecimiento sostenido del gasto en pensiones ha hecho saltar las alarmas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en su último informe sobre el estado de la economía española alerta de su impacto en la economía y el empleo. El organismo internacional subraya la necesidad de reformar la fórmula de cálculo de las pensiones de jubilación con medidas como la ampliación del periodo de cómputo para calcular las pensiones y la vinculación las prestaciones a la evolución de la esperanza de vida.Los esfuerzos para prolongar la vida laboral no son nuevos en España. Desde 2011, la edad legal de jubilación se ha elevado gradualmente de 65 a 67 años, y se ha extendido el período de cotización considerado para calcular la pensión. Las reformas de 2021, 2023 y 2025 han introducido incentivos para la jubilación tardía y parcial. La Ocde destaca que estas medidas han contribuido a elevar la edad media efectiva de entrada al sistema a 65,2 años en 2025 y a mejorar las tasas de actividad de los trabajadores mayores de 55 años. Al mismo tiempo, se han reforzado los mecanismos que permiten combinar trabajo y pensión, con pagos parciales y bonificaciones crecientes según los años de aplazamiento, fomentando una salida gradual de la vida laboral y la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo.Efectos del cambio demográficoEl envejecimiento de la población ha puesto bajo presión el sistema de pensiones español. Según la OCDE, el gasto en pensiones podría aumentar hasta 3,2 puntos del PIB entre 2023 y 2050, mientras que el gasto total relacionado con el envejecimiento, incluyendo salud y cuidados a largo plazo, podría crecer hasta 5,2 puntos. Para hacer frente a esta presión fiscal sin afectar la actividad laboral, la institución considera necesario la aplicación de medidas que ayuden a reducir el gasto futuro en pensiones y mantener un equilibrio financiero sin reducir las prestaciones. Para la institución, optar por la alternativa de introducir aumentos adicionales en las cotizaciones a la Seguridad Social elevarían la cuña fiscal laboral (la diferencia entre el coste total que paga un empleador por un trabajador y el salario neto que este recibe) y podría afectar negativamente al empleo.(Noticia en ampliación)