La filtración de mensajes de WhatsApp entre antiguos altos cargos del gobierno valenciano, incluyendo a Carlos Mazón, Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, ha sido presentada como un elemento central en la nueva ofensiva parlamentaria del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV). Esta revelación apunta, según consignó el medio, a la existencia de una coordinación dentro del Partido Popular para ofrecer protección judicial a Mazón y condicionar la investigación sobre la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana), que el 29 de octubre de 2023 dejó 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana. Ante esto, el PSPV intensificó su exigencia al actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para que pida de forma explícita la entrega del acta parlamentaria de Mazón, permitiendo así levantar el aforamiento y facilitar una investigación judicial independiente.De acuerdo con la información difundida, el portavoz socialista en Les Corts, Jordi Mayor, sostiene que la permanencia de Carlos Mazón como diputado responde a una decisión deliberada en la cúpula del Partido Popular valenciano y nacional, orientada a mantenerle protegido de procedimientos judiciales ordinarios. Según reportó el medio, los socialistas afirman que el blindaje que proporciona el escaño obstaculiza tanto la aclaración de las responsabilidades políticas como la posibilidad de que las víctimas y sus familias obtengan respuestas ante los hechos ocurridos en la tragedia de la dana. En palabras de Mayor, “resulta imprescindible que Mazón comparezca ante la justicia presentando íntegro su teléfono móvil, sin borrar los mensajes para contar la verdad”, reclamando así una investigación efectiva y transparente.Según la cobertura del medio, la presión se ha volcado en estos días tanto sobre la dirección regional del PP como sobre su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien fue citado al declarar: “había aceptado sus responsabilidades políticas tras presentar su renuncia como president y que el PP había pasado página definitiva en la Generalitat”, añadiendo respecto a Mazón: “nos ha dicho aquello que considera que es verdad y yo no tengo nada más que añadir”. Estas declaraciones generaron rechazo en el PSPV, que denuncia que la continuidad de Mazón como diputado y presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana supone un bloqueo a cualquier intento de depurar responsabilidades, además de prolongar las dificultades para las personas afectadas por el desastre natural.Tal como relató el medio, los socialistas consideran que la publicación de mensajes internos entre los exdirigentes populares constituye una prueba de la existencia de una estrategia para generar un relato oficial sobre la gestión de la dana, con el objetivo de evitar el señalamiento de posibles irregularidades. El PSPV acusa a la dirección popular de mantener un “blindaje institucional” en favor de Mazón, lo que habría impedido hasta el momento la comparecencia ante la jueza instructora del juzgado de Catarroja que investiga los hechos y la posible asunción de responsabilidades directas.La propuesta de los socialistas incluye, de acuerdo con el medio, no solo la reclamación urgente para que Mazón entregue su escaño de forma voluntaria, sino además la solicitud de que, si Mazón se resiste, el Partido Popular lo aparte del grupo parlamentario y lo sitúe como diputado no adscrito. Esta medida —según lo expuesto por el PSPV— pretende garantizar la credibilidad de Les Corts y la posibilidad de que los procesos judiciales se desarrollen sin condicionamientos derivados del privilegio del aforamiento.El debate ha escalado en Les Corts, donde la bancada socialista sostiene que la única vía “para promover la transparencia y la justicia en beneficio de los damnificados” pasa por la renuncia o expulsión de Mazón del parlamento. El PSPV centra sus exigencias en dos objetivos: la comparecencia judicial efectiva de Mazón junto con la presentación íntegra de sus registros de comunicación, y una posición firme de la dirección valenciana del PP que permita investigar cualquier conducta irregular atribuida a la gestión de la crisis derivada de la dana.Dentro del PP, la dirección encabeza la respuesta institucional, con Juanfran Pérez Llorca situado en el centro de las críticas socialistas. Según expresó Mayor, la actitud de Pérez Llorca se percibe como una muestra de respaldo continuado hacia Mazón, lo que mantiene la tensión política y alimenta la percepción pública de falta de disposición para esclarecer los hechos. El medio detalló que la polémica también impacta a la dirección nacional liderada por Feijóo, a quien el PSPV solicita una respuesta clara sobre la continuidad del privilegio del aforamiento y la voluntad de que Mazón asuma las consecuencias de su gestión al frente de la Generalitat durante la catástrofe del año pasado.Según detalló el medio, la controversia y las recientes filtraciones de mensajes entre los cargos del anterior gobierno autonómico se insertan dentro de un contexto político de elevada polarización, en el que la exigencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas se ha transformado en un eje central para la oposición socialista. El PSPV aduce que los intercambios de WhatsApp conocidos recientemente no forman parte solo de una investigación interna, sino que confirman la existencia de una línea de actuación destinada a impedir que el exmandatario valenciano afronte una investigación judicial imparcial.El PSPV recalca que el objetivo de sus demandas no se agota en la dimisión de Mazón, sino que aspira a establecer procedimientos para que las víctimas tengan acceso a la verdad y, en su caso, obtengan reparación y reconocimiento institucional. En las palabras de Mayor, reflejadas por el medio, la defensa de la transparencia y el rechazo a cualquier espacio de impunidad constituyen aspectos esenciales para restaurar la confianza pública.En el desarrollo de la crisis, el PSPV ha insistido reiteradamente en que solo la entrega inmediata del acta de parlamentario permitiría la supresión del aforamiento y, en consecuencia, la apertura de una investigación judicial independiente capaz de evaluar la gestión realizada durante la tragedia de la dana. Según la última información brindada, la presión parlamentaria y mediática se suma a un clima de tensión creciente dentro del propio Partido Popular, cuyas instancias directivas —valencianas y nacionales— encaran la decisión de sostener el blindaje institucional o modificar el rumbo para permitir que todas las responsabilidades sean depuradas judicialmente.En caso de mantenerse la actual persistencia de Mazón en el escaño, el PSPV prevé que la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos valencianos seguirán en tela de juicio. Por último, el medio consignó que, para los socialistas, solo una ruptura clara con las estrategias de protección permitiría restablecer la imagen pública de Les Corts y responder a las demandas de justicia de los afectados por la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2023.