El señalamiento de que magistrados encargados del caso contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han mantenido relaciones de confianza con una de las partes reavivó la exigencia de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actúe y sancione el proceso. Así lo manifestó el eurodiputado y abogado Jaume Asens, integrante de los ‘Comuns’, en declaraciones recogidas por Europa Press. Según Asens, existe un conflicto de intereses y ausencia de imparcialidad en varios de los jueces que emitieron la condena del Tribunal Supremo (TS), un hecho que, según su interpretación de la ley orgánica del Poder Judicial, representa una vulneración clara que merece acciones del CGPJ.Durante su intervención en una entrevista en ‘La hora de la 1’ de TVE, transmitida y reproducida por Europa Press, Asens explicó que la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ante la ONU, presentada la semana previa, apunta precisamente a esta problemática de independencia judicial. El eurodiputado alegó que varios de los magistrados “tienen una relación de confianza” con la parte acusadora, específicamente mencionando que uno de ellos, Antonio del Moral, dirigió la tesis doctoral del abogado que representa al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien figura como parte interesada en el proceso. Este hecho, según expuso Asens, se conoció después de emitida la sentencia, sin que los jueces lo hubiesen hecho saber al resto del tribunal, una omisión que califica de relevante y que, en su opinión, los habría obligado a abstenerse de juzgar el caso.El abogado y eurodiputado planteó que los miembros del TS involucrados “han ocultado” esa relación, lo que cuestiona la limpieza procesal de la sentencia. Sostuvo además que la respuesta del CGPJ será difícil debido a la posición de su presidenta, Isabel Perelló, a quien Asens identificó como alineada con el sector conservador del organismo, factor que, según reiteró, complicaría la apertura de cualquier expediente o sanción a los magistrados relacionados. Europa Press detalló en ese contexto que los ‘Comuns’ reclaman una intervención directa del CGPJ en el caso.Asens también contestó preguntas sobre la participación de tres magistrados en actividades organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), entidad que actúa como acusación particular contra García Ortiz. Los jueces recibieron honorarios por esa formación, y Asens opinó que este vínculo refuerza la percepción de falta de imparcialidad. Argumentó que no solo se exige a los jueces actuar con objetividad, sino también proyectar esa imagen, algo que, desde su perspectiva, quedó dañado en este proceso.Al referirse al contexto más amplio, el eurodiputado denunció lo que percibe como una dinámica de abuso dentro de una estructura judicial que, en sus términos, opera como una oligarquía con actitudes despóticas y mantiene reservas respecto a la legitimidad del Gobierno actual. Sostuvo que entre algunos magistrados existe la convicción de que deberían convocarse nuevas elecciones, un argumento que Asens vincula a una oposición de la judicatura a los resultados electorales y, por extensión, al Ejecutivo.Europa Press documentó que Asens describió el procedimiento seguido contra el ex fiscal general como “un caso muy kafkiano, muy surrealista”, ya que, aseguró, el mismo tribunal que condenó a García Ortiz por revelar datos personales de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, habría divulgado posteriormente información confidencial del propio García Ortiz, incluyendo dirección y correo electrónico. Para Asens, ese tipo de filtraciones impactan de manera significativa la vida privada del ex fiscal general, al igual que la publicación de documentos judiciales en casos de corrupción.En cuanto al desarrollo interno del proceso, Asens subrayó que el tribunal no mantuvo una línea de conducta coherente. Comentó que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, cometió posibles irregularidades al hacer públicas cuestiones relacionadas con la deliberación y composición del propio órgano sentenciador. Entre otros detalles, Europa Press consignó que reveló la sustitución de la magistrada Susana Polo, autora de una ponencia absolutoria, por el propio Arrieta como ponente tras el rechazo de la propuesta inicial, acción que, según el Código Penal y la ley orgánica del Poder Judicial, está expresamente prohibida.El eurodiputado reiteró la demanda de que el procedimiento judicial cumpla estrictamente con los principios de independencia y transparencia, e instó a que los órganos competentes actúen en consecuencia para proteger la integridad institucional y el respeto a las normas que rigen la actuación de los jueces y magistrados, según publicó Europa Press.