El tribunal especializado en delitos contra la seguridad del Estado en Benín, conocido como CRIET, emitió órdenes internacionales de búsqueda y captura contra el activista Kémi Seba y el político opositor Sabi Sira Korogoné, acusados de supuesto intento de desestabilizar el orden constitucional. Este anuncio se produjo en medio de una serie de detenciones e investigaciones tras el reciente y fallido golpe de Estado en Benín, consolidando así una ola de procedimientos legales orientados sobre todo a figuras de la oposición. Según reportó el diario nacional ‘La Nation’ y confirmó Radio France Internationale, estas acciones reflejan un aumento sustancial en las medidas de vigilancia y control adoptadas por el gobierno beninés luego de los sucesos que pusieron en jaque la autoridad del presidente Patrice Talon.La detención de Candide Azzanai, ex viceministro de Defensa y actual presidente del partido opositor Restaurar la Esperanza, se concretó durante un acto político celebrado por su agrupación. ‘La Nation’ informó que la aprehensión de Azzanai se originó bajo sospechas de “conspiración contra la autoridad del Estado” y “incitación a la rebelión”. Las autoridades judiciales citadas por el diario no proporcionaron detalles adicionales sobre el estado de la investigación ni sobre las pruebas recabadas hasta el momento. Además, no especificaron si los acusados disponen de representación legal ni informaron sobre la posible emisión de nuevas órdenes de arresto relacionadas con estos acontecimientos.El intento de golpe se registró cerca de las 2:00 horas del pasado domingo, cuando un grupo de insurgentes ubicados en el cuartel militar de Togbin, en las proximidades de Cotonú, ejecutó una acción dirigida a capturar a altos mandos del ejército. Según consignó Radio France Internationale, los responsables de la asonada llegaron a tomar el control de la televisión estatal y anunciaron por esa vía la supuesta destitución del presidente Talon. La reacción por parte de las fuerzas de seguridad de Benín fue inmediata y contó con la colaboración de la aviación de Nigeria, así como con el respaldo de los servicios de inteligencia franceses. Este despliegue logró sofocar en pocas horas el levantamiento y restituir el mando presidencial.El medio ‘La Nation’ subrayó que, tras la neutralización del golpe, el gobierno reforzó el aparato de seguridad interna y puso en marcha operativos de investigación con el objetivo de identificar a quienes podrían haber alentado o participado en los hechos. Las medidas incluyeron la detención de figuras políticas, como Azzanai, y la formulación de acusaciones de conspiración y perturbación del orden constitucional contra otros opositores.Kémi Seba, conocido tanto en Benín como en el entorno internacional por su apoyo a juntas militares africanas y por su respaldo público a la influencia rusa en la región, aparece como uno de los principales destinatarios de estas órdenes de arresto. Según detalló el diario ‘La Nation’, se lo investiga por la presunta comisión de actos orientados a alterar el marco constitucional. En paralelo, Sabi Sira Korogoné, identificado por Radio France Internationale como figura relevante del sector opositor, enfrenta cargos similares en relación con supuestos intentos de alterar el equilibrio institucional.Las fuentes consultadas por Radio France Internationale añadieron que la situación política en Benín, tras el levantamiento fallido, se ha tornado especialmente tensa. Diversas organizaciones políticas y sectores de la sociedad civil han manifestado su preocupación por el agravamiento del clima de confrontación. Al mismo tiempo, analistas de ese medio advirtieron sobre el impacto de las recientes detenciones y órdenes judiciales en la oposición, actualmente sujeta a un estrecho seguimiento por parte de las agencias de seguridad estatales.El partido Restaurar la Esperanza, liderado por Azzanai, ha figurado en los medios nacionales como uno de los referentes más activos en la crítica al actual gobierno encabezado por Patrice Talon. De acuerdo con Radio France Internationale, la oleada de acciones legales y represivas sugiere que la administración beninesa apuesta por una respuesta contundente ante cualquier indicio de inestabilidad que ponga en entredicho la continuidad institucional luego del fracaso del golpe.Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales se encuentran monitoreando el avance de los procesos judiciales y el trato hacia los arrestados y buscados. ‘La Nation’ y Radio France Internationale remarcaron que estos organismos han puesto especial atención en el desarrollo de las investigaciones, así como en la protección de los derechos civiles y procesales de las personas implicadas, dada la preocupación creciente por la situación de las libertades en el país africano.El seguimiento a las investigaciones y los procedimientos legales en curso se ha convertido en un elemento clave para comprender las transformaciones políticas recientes en Benín. Según las últimas informaciones proporcionadas por ‘La Nation’, el gobierno mantiene reforzados los protocolos de seguridad y continúa con la búsqueda activa de los opositores ahora bajo investigación, lo que apunta a la persistencia de un entorno marcado por la vigilancia, las restricciones y la atención internacional sobre la evolución de los hechos posteriores a la asonada de Cotonú.