El Tribunal Supremo aguarda la recepción de varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación por la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública, donde, además del exministro José Luis Ábalos, figuran como investigados Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán. Según publicó Europa Press, este proceso forma parte de las diversas causas abiertas que marcan el inicio de 2026 para el máximo órgano judicial, el cual se enfrenta a un calendario cargado de asuntos de alto impacto político y judicial.El Supremo tiene pendiente señalar la fecha para el inicio del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, relacionados con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Tal como detalló Europa Press, la Sala de Apelación del tribunal validó en diciembre la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de llevar a Ábalos y García al banquillo, manteniéndolos en prisión provisional desde el 27 de noviembre. Los recursos presentados por ambos procesados fueron desestimados, con los magistrados señalando que nuevas diligencias retrasarían un enjuiciamiento sustentado en lo que denominaron un “robusto arsenal indiciario”, criticando las estrategias de los imputados para demorar el proceso.Las peticiones de pena exhiben una elevada severidad. Según recogió Europa Press, la Fiscalía solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para el empresario Aldama. Además, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, reclaman 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, y la misma pena propuesta por el Ministerio Público para Aldama. De acuerdo con el medio, Ábalos ha solicitado ser juzgado por un jurado popular y no por un tribunal compuesto únicamente por magistrados, lo que supondría un cambio respecto a la dinámica habitual de estos procedimientos en el Supremo.Además del juicio sobre los contratos de mascarillas, el exministro Ábalos sigue bajo investigación en el denominado ‘caso Koldo’, vinculado con la presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Además de Koldo García y Santos Cerdán, en esta pieza también figuran bajo indagación empresarios y antiguos responsables de constructoras. Europa Press precisó que el avance de las pesquisas depende de los informes de la UCO, que aún no se han entregado al magistrado instructor encargado del caso.Entre los procedimientos de relevancia que seguirán activos frente al Supremo destaca también el conjunto de causas vinculadas al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez. Según informó Europa Press, este político ya prestó declaración voluntaria en tres de los cuatro procesos abiertos en su contra, y el tribunal tramita los permisos pertinentes con el Parlamento Europeo para formalizar su imputación. Las investigaciones abarcan alegaciones sobre financiación irregular de su partido, la posible difusión de una prueba PCR falsificada relativa al entonces ministro de Sanidad Salvador Illa, y acusaciones de acoso contra la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. El Supremo ha citado a los querellantes para el próximo 19 de enero y ha ofrecido a ‘Alvise’ la posibilidad de responder voluntariamente antes de cualquier formalización de cargos. El tribunal también revisa denuncias por acoso y divulgación de secretos contra dos eurodiputados que se postularon en 2024 por la lista electoral de SALF.En otro frente procesal, Europa Press indicó que el Supremo vigila el desarrollo de la condena a dos años de inhabilitación dictada contra el ex fiscal general del Estado. El foco se centra en las posibles acciones de Álvaro García Ortiz ante la sentencia, quien podría presentar un incidente de nulidad, quedando la decisión definitiva en manos del alto tribunal.Simultáneamente, el Tribunal Constitucional se encuentra pendiente de resolver recursos claves presentados por condenados del proceso independentista catalán. Entre ellos, Carles Puigdemont solicitó la suspensión de la orden nacional de detención que aún pesa sobre él, tras la negativa del Supremo de amnistiarle el delito de malversación. El Constitucional también debe responder a los recursos de amparo planteados por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, quienes, de acuerdo con Europa Press, buscan la revisión de la decisión del Supremo de mantener las condenas por malversación.Fuera de las causas penales, el Tribunal Constitucional afronta la renovación de cuatro de sus magistrados, incluidos el presidente Cándido Conde-Pumpido, la progresista María Luisa Balaguer, y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez. El mandato de estos jueces venció el 17 de diciembre, y según fuentes citadas por Europa Press, la falta de consenso entre PP y PSOE pronostica un retraso en la designación de los nuevos miembros y la consiguiente prolongación de la situación de interinidad en el alto tribunal. El retraso implicará que el tiempo sin renovar se descuentre de los nueve años de mandato, reduciendo así el periodo efectivo de los futuros magistrados.El arranque de 2026 en el aparato judicial español queda así marcado por una amplia agenda de cuestiones procesales, múltiples acusaciones formales, solicitudes de fuertes condenas y un escenario de renovación pendiente en el Tribunal Constitucional que depende de acuerdos aún no alcanzados entre las principales formaciones políticas, detalló Europa Press.