El empresario y exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) David Madí ha señalado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no ha tenido nada que ver con la empresa de ambulancias –Ambulancias Egara– en el marco de la investigación que se sigue por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos por parte de la Generalitat de Cataluña, una derivada del conocido como ‘caso 3%’.
Según explican fuentes jurídicas a Europa Press, el convergente ha explicado que estudió entrar en esa empresa pero que finalmente lo descartó porque la compra no era atractiva económicamente. Así, ha incidido en que una vez decidieron no entrar, liberaron la opción de compra.
El entorno de Madí ha señalado al término de la declaración que en el día de hoy el exdirigente ha podido dejar “todo aclarado” ante Pedraz, y asevera que la causa ha sido un despropósito desde el principio y que, tras alguna diligencia pendiente, la defensa es posible que urja al archivo de la causa.
Por otro lado, ha trascendido que, durante el interrogatorio, Madí habría puesto en conocimiento del magistrado que el experto en ciberseguridad Albert Gabàs, la persona que habría afirmado tener un correo del empresario Fermí Ferran en el que asegura que el exconvergente era su cliente, en realidad es un infiltrado en la Generalitat de Cataluña de los servicios de inteligencia españoles.
La declaración de Madí va en consonancia con la realizada por otro de los investigados, el propietario de Ambulancias Egara, Oscar Simón, que reconoció que mantuvo contactos con Madí al tiempo que negó cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación de contratos públicos.
Simón indicó ante el juez que se reunió con Madí buscando una inyección de liquidez en la empresa que heredó de su padre. En este contexto, conoció a un hombre, Juan Luis Gallardo, que le ofreció buscar inversores y que le habría puesto en contacto con un grupo inversor: ICAT Desenvolupament. Según las fuentes consultadas, ese grupo era propiedad del propio Madí y de otro de los imputados, el empresario Juan Alberto Arqués.
Fue en 2012 cuando Simón y los dos empresarios decidieron llevar a cabo una opción de compraventa del accionariado de Ambulancias Egara, pero las negociaciones no habrían llegado a buen puerto y terminaron por romperse por dos razones.
La primera, explican las mismas fuentes, es que Arqués abandonó ICAT. La segunda es que Simón expresó sus suspicacias con respecto a Madí, con quien no tenía buena sintonía. Fue entonces cuando el propietario de Ambulancias Egara habría pedido a Arqués que le apartase de esa negociación.
Con todo, Simón en su declaración ante el magistrado sí habría reconocido que Ambulancias Egara realizó una donación de 30.000 euros a Catdem, una fundación vinculada a CDC, a iniciativa de su padre. Pero explicó que la empresa realizaba donaciones de forma usual.
Madí ha sido el último de los imputados en declarar, después de que lo hicieran también los empresarios Juan Alberto Arqués –socio de Madí–, Fermí Ferrán y Alejandro García-Gascón. Estos dos últimos entraron en esa empresa de ambulancias tras la adjudicación del servicio de ambulancias a la UTE participada por Egara en 2015 y fuentes jurídicas aseveran que desde el Ministerio Público se entiende que eran hombres de confianza del propio Madí.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
La decisión de Pedraz de imputar a hasta ocho personas atendía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que interesó esas imputaciones apoyándose en el atestado policial que obra en la causa y en las entradas y registros acordados con anterioridad en la sede de la empresa sanitaria.
Según pudo confirmar en fuentes Europa Press, el magistrado acordó la entrada y registro el pasado 2 de marzo en la sede de Ambulancias Egara en Terrassa, en las dependencias de una unión temporal de empresas (UTE) en Lleida, y en una consultora de Barcelona, para localizar documentación sobre esas presuntas adjudicaciones irregulares del servicio de transporte de pacientes cuando estaba al frente del Govern CDC.
Las pesquisas se centran en hallar indicios relativos a la adjudicación de tres lotes del concurso sanitario de Cataluña en 2015 a una UTE de la que participaba Ambulancias Egara.
Se da la circunstancia de que Madí ya fue condenado en octubre de 2022 en el marco del ‘caso Triacom’ por el Juzgado Penal 23 de Barcelona a 14 meses de prisión y una multa de 219.750 euros tras el juicio contra él y otros siete acusados por una trama de facturas falsas en 2011 en la que participó como cooperador necesario para defraudar a Hacienda.