Manifestación contra la violencia de género. (EFE/Luis Gandarillas)Pese al empeño que han puesto varios maltratadores para intentar no entrar en prisión alegando que son legalmente mujeres, desde el Ministerio de Igualdad han recordado este jueves que “aunque el agresor cambie el sexo en el Registro Civil, no podrá evitar responder de los delitos de violencia de género cometidos”. La ley trans especifica que las agresiones machistas cometidas en el pasado por hombres que soliciten su cambio de sexo registral seguirán siendo castigadas con la agravante de género.La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que este jueves ha comparecido ante en la Comisión de Igualdad del Congreso, ha asegurado que existen instrumentos normativos “suficientes” que permiten garantizar la aplicación correcta de la Ley Trans en la inmensa mayoría de los casos. “Nuestra prioridad es proteger a las mujeres víctimas de violencia y avanzar también en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, frente a quienes pretenden retroceder. Y les diré que aquellos que insisten en esta irresponsable actitud no solo están desprestigiando esta ley y los derechos de este colectivo, sino a nuestro propio ordenamiento jurídico constitucional”, ha advertido.Redondo también ha pedido luchar contra la “crispación” y ha avisado a los que abusen de la Ley Trans de que van a tener que enfrentarse al fraude de ley, que ha recordado que está prohibido en el Código Civil. El problema, ha asegurado, “no es la ley, que en la inmensa mayoría de supuestos se aplica correctamente, el problema lo tienen quienes abusan de la ley”. “A estos individuos, y a quienes los alientan, tengo que decirles claramente que se van a encontrar con dos problemas en vez de uno: Van a tener que enfrentarse a los delitos derivados de sus actitudes violentas y van a tener que enfrentarse al fraude de ley, que está prohibido con carácter general en los artículos 6 y 7 del Código Civil”, ha añadido durante su comparecencia.Casi 6.000 cambios registrales de sexo Redondo ha informado de que se han solicitado un total de 5.900 cambios registrales de sexo, de los que 85 han sido denegados, ocho solicitantes han desistido y en cinco ha caducado el expediente. La ministra ha defendido la labor de los encargados del registro, ya que “hacen bien su trabajo cuando detectan irregularidades o sospechan la existencia de fraude o abuso del derecho deniegan la inscripción. En el 99% de supuestos la normalidad y el buen uso de la ley es la tónica”.En este sentido, Redondo ha acusado a “quienes siguen procurando desprestigiar y atacar la igualdad de derechos y las políticas encaminadas a remover los obstáculos que impiden la equidad, en este caso, de las personas LGTBI+”. En este punto, ha hecho alusión a organizaciones que “con la clara estrategia de poner en cuestión la ley”, tratan de “promover el fraude”. Además, ha apuntado que también hay hombres “que se prestan a interpretar este sainete”.Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados. (Marta Fernández / Europa Press) (Marta Fernández / Europa Press/)Asimismo, Redondo ha tildado de “inhumanas y antidemocráticas” las actitudes que dicho que contribuyen a “seguir juzgando, arrinconando y perjudicando a un colectivo extremadamente vulnerable e históricamente indefenso como el que constituyen las personas trans”.También ha recalcado en su discurso que si hay fraude en la aplicación de la ley, “se detecta, se denuncia y se interviene”, como se hace con respecto “a cualquier otra ley”. “Porque a nadie se le ocurriría pedir la modificación o derogación de leyes por el simple hecho de que cada día se produzcan decenas, cuando no centenares, de abusos”, ha subrayado.Ley de ParidadEn esta comparecencia la ministra también ha informado el error técnico que contiene la Ley de Paridad, que desprotege ante el despido a los empleados que se acojan al permiso de cinco días para cuidar familiares o adapten por ello su jornada, y en ese sentido, ha asegurado que “la próxima semana” se tramitará como enmienda “para proteger a todos los trabajadores en la conciliación familiar y laboral”.
Los agresores que cambien de sexo no podrán evitar responder a delitos de violencia de género: “Es fraude de ley”
