CÓRDOBA.- Pablo Laurta, preso por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y por el asesinato del remisero Martín Palacio en Entre Ríos, estuvo casi una hora y media ante el fiscal de Violencia de Género y Familiar de segundo turno Gerardo Reyes en el edificio de Tribunales 2 de esta ciudad. Habló, pero no respondió preguntas.La Fiscalía precisó que el acusado “no contestó preguntas en relación con la causa”. Solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en la Fiscalía de Integridad Sexual de 1 turno y al pedido de restitución internacional de su hijo. La indagatoria se concretó tras un operativo especial para el traslado de Laurta desde la cárcel de Cruz del Eje, a 140 kilómetros, adonde está detenido en un pabellón de máxima seguridad. Terminado el trámite, es llevado nuevamente a esa prisión.Asistido por la defensora oficial, Alfonsina Muñiz, fue ella quien había pedido a la fiscalía que la indagatoria fuera presencial y no a través de una videoconferencia, como era la intención original de la Justicia para evitar los riesgos del traslado. De eso se deduce que la decisión de Laurta era hablar, aunque desde los tribunales aún no trascendió si lo hizo y en qué términos.Muñiz –que ha sufrido varios ataques en redes sociales por asumido la representación legal de Laurta– también es la defensora de Gabriela Anahí Fernández, la acusada de abusar sexualmente de una compañera de celda, que ingresó en la cárcel en 2016 como hombre, cambió de género para evitar una condena más grave y fue trasladada a un pabellón de mujeres, a donde cometió la vejación.Si el acusado decide hablar, será la primera vez que lo haga ante la Justicia. Se mantuvo en silencio en Entre Ríos, adonde fue detenido el domingo 12 de octubre pasado el mediodía, poco más de un día después del doble femicidio y el rapto de su hijo. En aquella provincia ya le dictaron la prisión preventiva por 120 días. Los fiscales de Concordia acusaron a Laurta por el homicidio criminis causae de Palacio, ocurrido entre las 19.54 del 7 de octubre y las 3 del 8 de octubre. Según la imputación de los representantes del Ministerio Público, Laurta sería responsable del homicidio según el inciso 7 del artículo 80 del Código Penal que establece la prisión perpetua para quienes maten “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito”.El lunes pasado llegó a Córdoba. Al ingresar en la Jefatura de Policía dijo: “Estoy en paz; mi hijo ahora está seguro”. Y agregó: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”.En análisisLaura Giardina, hermana de Luna, una de las víctimas de Laurta y tía de P. el niño al que el uruguayo se llevó después del doble femicidio, se constituyó como querellante. Aunque vive en Chile, sigue en Córdoba, adonde viajó inmediatamente después de tomar conocimiento del crimen. “En la querella adelantamos que si se analizan otros elementos, hay que derivar la investigación para que tramiten las actuaciones que correspondan”, explicó a LA NACION Marina Romano, la abogada. Añadió que su clienta insiste con que el femicidio de su hermana fue la “crónica de una muerte anunciada”, ya que la acechaba como una hiena, como un depredador, instalándose en el techo de su casa”.La letrada representó en su momento a Verónica Ramírez, a quien el 14 de febrero de 2006, su expareja y policía retirado Rosario Cándido González, le asesinó a los cuatro hijos y se suicidó. “La masacre de barrio Cerveceros” terminó rotulado el caso. La mujer llevaba años reclamando protección. Quince días después del múltiple homicidio, en Córdoba se promulgó la ley de violencia familiar.En octubre de 2023, Luna Giardina radicó una denuncia en la Unidad Judicial N°19, en el barrio Argüello. Dijo que Laurta la presionaba económicamente y que quería sacarle la casa donde vivía con su madre, Mariel Zamudio, la otra víctima del doble crimen.Incluso mencionó que los hechos de violencia databan de 2020. Precisó que ese año Luna pensó que estaba embarazada y él le dijo que la obligaría a abortar. La denuncia fue remitida a la fiscal Jorgelina Gutiez, quien dispuso una restricción de acercamiento. En paralelo, el Juzgado de Violencia Familiar, a cargo de Victoria Jalil, ordenó la entrega de un botón antipánico a la víctima.El 8 de enero de 2024, Laurta fue detenido; estuvo preso un mes y fue sometido a un peritaje psicológico y psiquiátrico que concluyó que “comprendía la criminalidad de sus actos” y “no presentaba peligrosidad”. Al quedar en libertad se fue a Uruguay antes de que pudiera colocársele la tobillera electrónica, como había ordenado Jalil para controlar que no se acercara a su expareja.Por Gabriela Origlia CórdobaFemicidioHomicidioConforme aOtras noticias de Córdoba”Baja percepción del riesgo”. Una pareja viajó en moto con su bebé colgando en plena avenidaOficial. Esta es la Boleta Única de Córdoba que se usa en las eleccionesElecciones Córdoba 2025. Quién gana en la provincia, según las últimas encuestas