Las pequeñas empresas y trabajadores autónomos contarán con un año más de margen para adaptarse al nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu, cuya entrada en vigor se retrasará hasta el 1 de enero de 2027. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha adelantado que el Consejo de Ministros prevé aporbar este martes un decreto ley que forma parte de un acuerdo con Junts e incluye la ampliación del plazo para que las pymes cumplan los nuevos estándares de digitalización, que estaba previsto para 2026.Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que la entrada en vigor de esta herramienta, que obliga a generar registros de facturación inalterables y accesibles para el organismo oficial, se retrasará un año respecto al plazo inicialmente previsto. El sistema Verifactu exigirá que los programas informáticos destinados a la facturación generen registros que no se puedan modificar ni eliminar, garantizando que esta información permanezca disponible para la Agencia Tributaria. Las nuevas normas serán aplicables a todas las sociedades y profesionales que utilicen software de facturación, exceptuando a los acogidos al sistema de suministro inmediato de información y a los domiciliados en País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen fiscal propio. Quienes elaboren sus facturas de forma manual no estarán sujetos a estos requisitos.Cómo cambia el calendario de aplicaciónEl Ministerio de Hacienda había fijado originalmente el 1 de enero del año siguiente para quienes tributan por impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto, pero la extensión aprobada ahora traslada esos plazos al 1 de enero de 2027 en el primer caso y al 1 de julio de ese mismo año para los demás afectados.Por otra parte, el presidente Pedro Sánchez ha comunicado que el próximo real decreto ley incluirá medidas para dar mayor flexibilidad a las inversiones financieramente sostenibles por parte de los ayuntamientos. Estas inversiones, que no computan en la regla fiscal del gasto, facilitarán que las administraciones locales destinen recursos a proyectos de largo recorrido como la construcción de viviendas o la gestión eficaz del agua, sin que eso implique un aumento en el gasto corriente ni ponga en riesgo el cumplimiento de sus compromisos fiscales.(Noticia en ampliación)