La fase posterior a la liberación contempló un seguimiento continuo y personalizado, diseñado para asegurar la recuperación integral de las 28 personas liberadas en la región de Catatumbo. En este proceso, los equipos multidisciplinarios de la Defensoría del Pueblo de Colombia llevaron a cabo acompañamiento individual, según informó el organismo estatal en la documentación oficial remitida a los medios de comunicación. Esta cobertura incluyó no solo atención médica inmediata y revisiones psicológicas para todas las víctimas, entre ellas once mujeres y cinco menores, sino también la inclusión en redes de apoyo y programas destinados a restablecer derechos fundamentales después del cautiverio sufrido a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Así se estructuró la respuesta interinstitucional tras la recuperación de las personas mantenidas en cautiverio en Catatumbo.De acuerdo con la información facilitada por la Defensoría del Pueblo y recogida por los medios oficiales, el operativo humanitario involucró una coordinación amplia de entidades estatales, como autoridades locales y departamentales, representantes de la Iglesia Católica, la Misión de Naciones Unidas en Colombia y distintas organizaciones humanitarias presentes en la región. El objetivo de este despliegue articulado se centró en salvaguardar la dignidad y la seguridad física de los liberados durante los traslados y el reencuentro con sus familias.El dispositivo de atención no se limitó a la asistencia inicial, ya que la Defensoría detalló que el acompañamiento profesional responde a protocolos previamente diseñados, cuyo propósito es facilitar la reincorporación paulatina a la vida cotidiana, garantizando el acceso tanto a servicios de salud como a apoyo emocional y psicosocial. Según consignó el medio estatal, los familiares de las víctimas tuvieron un rol activo en los primeros momentos, sirviendo de apoyo emocional y reforzando la reconstrucción del entorno familiar tras la experiencia de cautiverio.Las autoridades subrayaron que el proceso incluyó el registro e integración automática de los liberados en los sistemas municipales y departamentales de atención y protección social, para asegurar un monitoreo constante de su estado físico y mental a mediano y largo plazo. De acuerdo con la Defensoría, este enfoque prolongado persigue crear mecanismos que permitan anticipar y prevenir nuevas situaciones de riesgo en una zona donde, según el medio estatal, la detención ilegal de civiles continúa como práctica habitual por parte de grupos armados al margen de la ley.El abordaje institucional desplegado está integrado a una política pública más amplia, diseñada para el resguardo de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Catatumbo. Así, las acciones de recuperación física y emocional ahora implementadas se enmarcan en estrategias orientadas a restituir derechos y reducir la posibilidad de reincidencia de hechos violentos motivados por la dinámica del conflicto. Según detalló la Defensoría, la inclusión en programas de asistencia gubernamental permite a las víctimas acceder tanto a recursos médicos especializados como a soporte psicosocial y jurídico para facilitar la readaptación y el ejercicio pleno de sus derechos.El llamado a frenar la práctica del secuestro fue planteado enérgicamente en el comunicado difundido por la Defensoría del Pueblo, que enfatizó que estos actos, a la luz de la normativa colombiana y tratados internacionales de derechos humanos, constituyen una infracción grave contra la libertad y la vida de las personas. En declaraciones difundidas por medios estatales, Iris Martín, directora de la Defensoría, subrayó de manera categórica: “La guerra está mal. La vida y la libertad están bien”. Este pronunciamiento refleja la posición institucional adoptada en defensa de los derechos fundamentales y en favor del respeto a la dignidad humana frente al conflicto armado.La estrategia implementada en Catatumbo, según explicó la Defensoría del Pueblo, incorpora dispositivos especiales de alerta y atención territorial para anticipar posibles nuevas vulneraciones. Estas medidas, reportó el medio estatal, incluyen el fortalecimiento de la seguridad regional y la consolidación de sistemas de vigilancia orientados a limitar el secuestro como herramienta de presión por parte de actores armados ilegales.El acompañamiento institucional también comprendió la orientación de las familias de los liberados en el proceso de reintegración, proporcionándoles acceso a ayuda continua y asesoría para facilitar su adaptación a la vida después del cautiverio. Según reiteró la Defensoría, este enfoque integral responde a compromisos internacionales asumidos por Colombia, principalmente en el ámbito del respeto a los derechos humanos y en la promoción de procesos de reconciliación tras situaciones de violencia.La comunicación oficial especificó que la supervisión para la recuperación de los liberados integra asistencia médica continuada, orientación jurídica y servicios psicosociales a largo plazo, con la finalidad de promover la reincorporación sostenida y la estabilidad emocional en sus comunidades de origen. A su vez, el seguimiento personalizado tras la liberación se extiende a la vigilancia directa sobre la evolución física y mental de los afectados, utilizando los sistemas de salud y protección social de los municipios y departamentos.En el contexto general del conflicto armado, la Defensoría insistió ante los medios estatales en la relevancia de mantener políticas sostenidas de protección, atención y prevención, orientadas no solo a las víctimas directas de episodios como el ocurrido en Catatumbo, sino también a la población expuesta de manera recurrente a la violencia en territorios con presencia de grupos armados ilegales.Las acciones desarrolladas por equipos gubernamentales, agentes internacionales y organizaciones humanitarias, reportó la Defensoría, se alinean con los principios de reconciliación y defensa de los derechos fundamentales establecidos tanto en la legislación interna de Colombia como en acuerdos internacionales. El organismo planteó que estas intervenciones, estructuradas en el marco de un esfuerzo multisectorial, buscan posicionar la vida y la libertad de los ciudadanos como eje central de la política pública y la gestión estatal ante los retos derivados del conflicto armado persistente.