La salida de Antonio Hernández, colaborador directo de Francisco Salazar en el aparato administrativo central, ocurrió en un contexto donde la presión política había aumentado y las demandas de la oposición solicitaban explicaciones convencidas sobre las sospechas de irregularidades alrededor del Gobierno. Según consignó el medio, los bloques opositores interpretaron este reemplazo como una estrategia destinada a restar importancia pública a las investigaciones abiertas sobre la gestión interna del Ejecutivo y limitar su alcance. En este escenario, el foco se trasladó hacia Francisco Salazar, citado para comparecer en la comisión senatorial que investiga denuncias de acoso y posibles casos de corrupción en el marco de la llamada Operación Delorme, proceso impulsado por el Partido Popular (PP), que ostenta la mayoría en la Cámara Alta.De acuerdo con lo publicado por el medio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, indicó que la comparecencia de Salazar responde a los mecanismos institucionales de control del Gobierno y sus altos cargos, con el objetivo declarado de clarificar las situaciones bajo escrutinio en la Operación Delorme. En paralelo, la agenda legislativa del PP concentra ahora los esfuerzos en profundizar el control sobre Salazar y en promover comparecencias de otros funcionarios, en busca de establecer responsabilidades que la oposición vincula con la gestión del presidente Pedro Sánchez. El medio detalló que Salazar ha incrementado su notoriedad en la causa por su papel activo y acceso privilegiado a decisiones relevantes dentro del PSOE, especialmente en el periodo donde Sánchez afianzaba su liderazgo. Las funciones de Salazar incluyeron actuar como enlace entre Sánchez y la gestora socialista, con implicación en la gestión financiera de la campaña interna, lo que le proporcionó información clave sobre la operativa bajo revisión por la comisión.La investigación centraliza sus trabajos en dos ejes: denuncias por acoso sexual y sospechas de corrupción. Los testimonios recogidos por la oposición y divulgados por el Partido Popular sostienen que Salazar habría solicitado a trabajadoras del entorno modificar su indumentaria y realizado conductas descritas como simulación sexual ante compañeras, según reportó el medio. Alicia García, durante una sesión en el Senado citada por el medio, afirmó: “Las víctimas no merecen que el sanchismo tape y esconda este escándalo, merecen que se destape la verdad y que los responsables pidan perdón y paguen por ello”.En lo relativo a la presunta corrupción, la comisión revisa operaciones vinculadas al uso de fondos en efectivo para gastos no justificados documentalmente, vinculando estas prácticas con contrataciones estatales. El medio remarcó que estas investigaciones se solapan con la trama de Koldo García, igualmente asociada al esquema de la Operación Delorme. Las indagaciones consideran tanto la supervisión de los procesos de contratación y adjudicación de servicios como la gestión y transferencia de fondos estatales durante la administración de Sánchez.El PP califica la destitución de Hernández como un acto insuficiente al considerar que su propósito principal habría sido la protección de intereses de la alta dirección presidencial, en vez de asumir una responsabilidad acorde a la magnitud de los hechos bajo análisis. Según consignó el medio, la oposición percibe este despido como un “cese de segunda o tercera categoría”, dirigido a resguardar a quienes ejercían mayores facultades de decisión en el círculo presidencial.El trabajo de la comisión senatorial avanza en el examen de tres frentes: contratos estatales, maniobras financieras en la administración central y denuncias específicas de acoso laboral, según informó el medio. Esta triple línea de análisis permite atender tanto los casos individuales de sospecha como explorar si existían dinámicas colectivas que pudieran facilitar el desvío de recursos públicos o deficiencias sistemáticas en la gestión administrativa.Durante la próxima comparecencia de Salazar, los senadores tienen previsto requerir explicaciones sobre los procedimientos internos activados tras las denuncias de acoso sexual y la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas aplicados ante presuntas irregularidades financieras. El medio explicó que uno de los propósitos de la Operación Delorme es valorar si la estructura de confianza instaurada por el Gobierno facilitó el beneficio personal o partidista, vulnerando los parámetros legales y éticos del servicio público.El examen parlamentario, de acuerdo con el medio, también indaga las divergencias entre los mensajes públicos de transparencia difundidos por Pedro Sánchez y la gestión otorgada a las quejas internas, así como la insuficiencia de los instrumentos de control para garantizar una respuesta eficaz. La portavoz Alicia García afirmó en sede parlamentaria, citada por el medio: “Pedro Sánchez es el presidente más dañino para las mujeres”, expresando la percepción opositora sobre el impacto de los casos bajo pesquisa en la integridad de las denunciantes.Otro aspecto clave de las pesquisas, según detalló el medio, es la revisión de los protocolos aplicados a las denuncias internas para valorar si la administración proporcionó protección preferente a las víctimas o prevaleció la defensa de la reputación institucional. Existiendo la posibilidad de que la declaración de Salazar derive en la necesidad de recabar nuevos testimonios y exigir pruebas documentales sobre los sistemas internos de contratación y financiación del partido.La posición estratégica que ocupa Salazar, determinada por su implicación directa en episodios fundamentales y su conocimiento de los procesos internos, sitúa su testimonio como una de las piezas más relevantes que pueden orientar la comprensión de posibles irregularidades detectadas. Según recogen los argumentos del PP y las divulgaciones del medio, su intervención resulta fundamental para esclarecer las dimensiones de los hechos investigados.El desarrollo de la investigación senatorial, tal y como determinó el medio, conserva la atención tanto en la identificación de responsables concretos como en la detección de patrones estructurales que hayan permitido desviaciones respecto a los estándares de gestión pública. De igual modo, la comisión proyecta endurecer la supervisión y el control sobre la labor de la administración central y sus altos funcionarios, considerando las expectativas sociales y las inquietudes manifestadas en el ámbito político sobre la gestión de fondos y la garantía de transparencia en el periodo señalado.