Lula da Silva reiteró su postura frente a la normativa recientemente aprobada por el Senado de Brasil que prevé la rebaja considerable de penas para quienes participaron en el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023. El presidente brasileño anunció que ejercerá su derecho de veto sobre esta ley en cuanto llegue a su escritorio, subrayando que las personas involucradas en el asalto a las instituciones, incluida la figura central de Jair Bolsonaro, deben responder ante la justicia. Según informó el medio que cubre las declaraciones, Lula insistió en que no existe secreto respecto a su decisión y recalcó la gravedad de los hechos cometidos contra la democracia.Durante una rueda de prensa desde el Palacio del Planalto, Lula da Silva manifestó que su decisión está tomada desde hace tiempo y que la responsabilidad por los hechos que atentaron contra el orden democrático no debe verse diluida. “Ya lo he dicho hace tiempo, las personas que cometieron un crimen contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos”, declaró el mandatario, de acuerdo con el medio que cubrió su presentación ante los periodistas.El proceso judicial relacionado con los acontecimientos del 8 de enero de 2023 permanece abierto, recordó Lula, quien enfatizó la necesidad de esclarecer en profundidad todos los aspectos y responsabilidades de lo sucedido aquella jornada, en la que miles de personas protagonizaron una irrupción violenta en las sedes de las principales instituciones del país. Según detalló el presidente, el núcleo del grupo responsable actuó bajo el liderazgo directo de Jair Bolsonaro, y varios detalles clave del financiamiento y la organización del intento de golpe todavía se están investigando.El medio informó que la discusión acerca de la reforma legal cayó en una semana de especial tensión política, luego de que el Senado aprobara el miércoles un proyecto de ley para reducir de manera significativa las condenas impuestas por la participación en el intento de golpe de Estado. Según lo aprobado, las sentencias podrían disminuir hasta un 70% en determinados casos. Para Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión en una sala especial de la sede de la Policía Federal de Brasilia, esta modificación legal podría traducirse en una reducción en el tiempo mínimo de cumplimiento de la pena en régimen cerrado, pasando de siete años a solo dos años y cuatro meses.El presidente sostuvo que el tema sigue sin resolverse por completo y que resulta imprescindible comprender a fondo quiénes financiaron y apoyaron la asonada. Alertó acerca del riesgo de banalizar o dejar en el olvido estos acontecimientos, señalando que el recuerdo y la defensa de la democracia son esenciales para la estabilidad institucional. Según consignó el medio, Lula remarcó que olvidar la importancia de la democracia implicaría un peligro para la nación.La intención del Senado brasileño al dar luz verde a la iniciativa legislativa generó discusión entre sectores del oficialismo y la oposición, especialmente por la posibilidad de que figuras clave como Bolsonaro puedan verse beneficiadas por las reducciones de pena. Lula reafirmó la voluntad del Ejecutivo de frenar cualquier medida que diluya la gravedad de los delitos perpetrados durante el asalto a las instituciones, apuntando que el proceso judicial todavía tiene fases pendientes y aspectos que aclarar.El arresto y procesamiento de quienes integraron el núcleo organizador del intento de golpe, así como las investigaciones sobre el financiamiento y la logística de la operación, continúan bajo la supervisión de la justicia brasileña. El medio resaltó que la preocupación del gobierno y de sectores sociales sigue centrada en impedir la impunidad y en garantizar que estos hechos no se repitan en el futuro.Mientras se desarrolla el debate institucional y político, la reacción de Lula refuerza la posición de su administración respecto al fortalecimiento de la democracia y el castigo a quienes actuaron en su contra el 8 de enero de 2023. Según publicó el medio, la declaración del presidente y el anuncio del próximo veto al proyecto de ley constituyen un mensaje dirigido tanto a la opinión pública interna como a los actores del sistema político brasileño sobre las prioridades del Ejecutivo en la defensa del orden democrático y judicial.