La Mesa Nacional de Educación Privada (Mnep), que agrupa a jardines infantiles, preescolares y colegios privados en el país, advirtió que el reciente aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones del sector. En un comunicado, el gremio señaló que mientras el Gobierno autorizó incrementos promedio del 7% en matrículas y pensiones, el ajuste salarial triplica ese porcentaje, generando un desbalance financiero que podría afectar gravemente la operación de los centros educativos.Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.La asociación alertó sobre posibles consecuencias como despidos, reducción de jornadas laborales, aumento de la informalidad educativa y el cierre definitivo de instituciones, especialmente en los niveles de educación inicial y preescolar. El gremio enfatizó que “el salario mínimo constituye el principal referente salarial del sector, no por falta de voluntad, sino por limitaciones estructurales de ingresos”. Según la organización, “este escenario genera un desequilibrio financiero severo, en el cual los egresos crecen más de tres veces por encima de los ingresos autorizados, haciendo materialmente imposible sostener la operación bajo las mismas condiciones”.En el caso de la educación inicial y preescolar, el impacto se considera aún más grave, ya que “la normatividad y la calidad educativa exigen una baja relación entre docentes y niños, condición indispensable para la atención integral, el cuidado y la seguridad de la primera infancia”, y el incremento salarial “altera radicalmente la estructura de costos, impidiendo que las instituciones operen bajo los estándares requeridos”. Además, el cierre de instituciones legales y formales “deja a miles de niños sin acceso a educación inicial y básica cercana a sus hogares”, y obliga a las familias a recurrir a servicios informales “sin supervisión ni garantías de calidad”, al tiempo que “destruye empleo formal y promueve la precarización laboral que se pretende combatir”.La Mnep hizo un llamado urgente al Gobierno para que adopte medidas inmediatas, entre ellas “implementar un esquema de subsidio temporal a la nómina para jardines infantiles y colegios privados que atienden población de los estratos 1, 2 y 3”, así como “otorgar alivios en cargas parafiscales y aportes patronales, de forma transitoria, para las instituciones educativas privadas legalmente constituidas, con el fin de preservar el empleo formal y evitar despidos masivos”. Además, solicitó “la derogatoria del Decreto que establece el incremento del 23,7 % del salario mínimo legal vigente”, al considerar que “vulnera los derechos de todo el sector educativo, afecta la sostenibilidad institucional, promueve la informalidad laboral y pone en riesgo el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes en el país”.Otras propuestas del gremio incluyen “establecer un mecanismo de gradualidad en la aplicación del incremento salarial, que permita su implementación progresiva y acorde con el incremento autorizado en matrículas y pensiones”, “crear un fondo de compensación sectorial, dirigido a jardines infantiles y preescolares, dada su alta intensidad en mano de obra y la obligatoriedad de mantener bajas relaciones niño–docente”, y “diseñar líneas de apoyo financiero y crediticio con tasas preferenciales, orientadas exclusivamente a la sostenibilidad de las instituciones educativas que operan bajo ingresos regulados”.El gremio aclaró que “estas medidas no constituyen privilegios sectoriales, sino acciones necesarias para proteger el derecho a la educación, la formalidad laboral y la estabilidad de miles de instituciones que cumplen una función social esencial”. También destacó que el sector educativo privado “cumple una función social insustituible, especialmente en los territorios donde el Estado no alcanza a cubrir la demanda educativa. Su debilitamiento representa un retroceso social, no un avance”. Finalmente, reiteró su disposición al “diálogo técnico, responsable y constructivo, en defensa de la educación, el empleo formal y la sostenibilidad de las instituciones que educan a millones de niños y jóvenes en Colombia”.Cabe señalar que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha defendido la medida argumentando que “siempre la inflación, cuando ha subido en Colombia, es por el precio de los alimentos, no por el salario mínimo. Dotar la agricultura de más bajos insumos y tierra fértil es fundamental para bajar la inflación”, indicó vía X.Sostuvo que la política de incremento salarial responde a la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, pese a las advertencias de diversos sectores sobre posibles efectos inflacionarios.