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Hoy empieza el juicio oral por el atentado a Cristina Kirchner: tres copitos en el banquillo y las dudas sobre un autor intelectual

Informador — Wed, 26 Jun 2024 07:23:32 +0000

Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolas Carrizo, los acusados en el juicio oral por el atentado a Cristina KirchnerEl Tribunal Oral Federal 6 comenzará a juzgar este miércoles a los tres acusados de haber intentado matar a Cristina Kirchner en septiembre del 2022. En el banquillo estarán sentados Fernando Sabag Montiel, el atacante que apuntó con un arma a la cabeza de la entonces vicepresidenta; y Brenda Uliarte, su ex novia, ambos señalados como coautores de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego. La pena máxima por esa figura es de 15 años de prisión. También estará Nicolás Carrizo, el jefe de ambos y señalado como un partícipe secundario.En la acusación estará la fiscal Gabriela Baigún junto a los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Las dos partes buscaron, y no consiguieron, sumar a este debate pruebas sobre la causa Revolución Federal y el tramo que aún sigue en instrucción para saber si hubo autores intelectuales detrás del atentado. Se estima que en los interrogatorios apuntarán a esa hipótesis.A Sabag Montiel lo representa la defensora oficial María Fernanda López Puleio. Se descuenta que buscará sostenerse en las pericias psicológicas sobre su cliente y las dudas sobre su imputabilidad. La defensa de Carrizo estará en manos de Gastón Marano, quien está desde el inicio de la causa apenas su cliente entregó como testigo el teléfono que lo convertiría en sospechoso. Brenda Uliarte, en cambio, pasó por un defensor oficial, luego repentinamente cambió por el abogado Carlos Telleldín -que ya había tenido un amague de entrar al caso al inicio por un llamado del padre de la joven- y ahora está siendo asesorada por Alejandro Cipolla. La mira estará puesta en su perfil de vulnerabilidad.Los encargados de dar un veredicto serán los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. La seguridad del edificio ya fue reforzada. El tribunal dispuso que sólo ese día las cámaras puedan registrar el inicio del debate.En la lista original de testigos hay 277 personas, entre ellas Cristina Kirchner, quien se había opuesto a que la investigación fuera enviada parcialmente a juicio. En instrucción se sigue investigando si existieron autores intelectuales detrás del ataque. Sus abogados apuntaron al diputado del PRO Gerardo Milman, luego de que un asesor de un diputado del Frente de Todos contaran que lo oyeron dos días antes del atentado diciendo en un bar del Congreso “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.El atentado ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022. Cristina Kirchner llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal en el barrio porteño de Recoleta. Allí la esperaba un nutrido grupo de militantes para saludarla, como ocurría en aquellos días desde que el fiscal Diego Luciani pidió su condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa Vialidad. Sabag Montiel también estaba allí. Se acercó y le apuntó en la cara con una Bersa calibre 32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Terminó atrapado por militantes, sin que la custodia de Cristina Kirchner ni ella misma se dieran cuenta de lo que había pasado.El 29 de mayo del 2023, el fiscal Carlos Rívolo sostuvo ante la jueza María Eugenia Capuchetti que “la prueba reunida durante la instrucción ha permitido comprobar que la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación”. Y uno de esos planes fue infiltrarse en movilizaciones kirchneristas. Así lo había pensado su novia. “Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya”, dijo.Tal como lo exhiben los videos que tomaron los propios simpatizantes de CFK, “aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la Vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click”, afirmó el fiscal.El tiro no salió, pero el arma estaba apta para disparar. “Imaginate los nervios. Tiré del gatillo y el tiro no salió”, le diría el atacante al canal C5N, pese a que en la causa se negó a declarar y solo habló para intentar despegar a Brenda. Cristina Kirchner no vio el arma que llevaba Sabag, ni tampoco sus custodios. Solo notaron un tumulto. Fueron los los militantes kirchneristas los que detuvieron al agresor para que no se escapara. Desde entonces, el joven está preso. Cuatro días después fue atrapada su pareja, que había logrado escapar disimuladamente del lugar.“Brenda no tuvo nada que ver”, dijo Fernando Sabag Montiel, ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Un rato antes, Brenda Uliarte había negado la acusación. Pero las pruebas la comprometieron.“La próxima voy y gatillo yo, ‘Nando’ falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano”, dijo Brenda Uliarte, según se desprende del análisis de su teléfono.-”¿Querés hacerlo?”, quiso saber Nicolás Gabriel Carrizo-”Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso”, respondió.El diálogo entre Brenda y Carrizo se produjo apenas un rato después del atentado contra la vicepresidenta en donde había fracasado en su objetivo. Brenda le pide después al líder de los “copitos”: “hagámosnos los pelotudos” porque “vamos a caer todos en la volteada”.Nicolás Carrizo, el jefe de ambos, quedó detenido el 13 de septiembre. Fue luego de que entregara su teléfono cuando declaró como testigo junto a sus amigos “copitos”. Los mensajes que se encontraron en su celular terminaron complicándolo. “Recién intentamos matar a Cristina”; “el arma es mía” y “mi empleado le quiso disparar”, son algunos de los mensajes que envió Carrizo la noche en la que Fernando Sabag Montiel le gatilló a la presidenta del Senado.Aunque la defensa intentó explicar que se trataba de una broma, a Carrizo lo acusan de haber enviado en la noche del atentado mensajes a una hermanastra, a la que le habla preocupado porque creía que el atacante había usado su arma. Pero, además, lamentándose de que el ataque se hubiera llevado adelante ese día cuando estaba previsto para la semana siguiente. “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”, afirma. En otro mensaje que envió esa madrugada, Carrizo también habla de matar al líder de La Cámpora.El momento del ataqueEl joven aseguró que se trataba de humor negro, pero la justicia no le creyó y lo procesó como partícipe secundario. Desde entonces está preso en el penal de Marcos Paz y fracasaron sus intentos de prisión domiciliaria.Según Nicolás Carrizo, Brenda Uliarte no paraba de humillar a su entonces pareja. Incluso hasta llegó a mandar una foto a un grupo de chat con Sabag vestido con pollera. Lo comparaba permanentemente con Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como “El Presto”, un youtuber vinculado a la militancia libertaria, anticuarentena y antikirchnerista y que fue denunciado por amenazar en redes sociales a Cristina Kirchner. “‘Nando’ estaba frustrado, no podía (con Brenda) sexualmente. Entonces él quiso aprovechar la oportunidad, metiéndose en esto. Yo creo que si hubiese querido matar a Cristina Kirchner lo hubiera logrado. Pero no la quiso matar. Solo se quiso hacer ver, como para mostrar que él también es poronga”.“Eso es lo que yo entiendo que pasó. No tuvo nada que ver con la política. De hecho, yo leí que después de todo esto, ella lo empezó a elogiar a Nando. Pero no se sabe si lo elogia porque ahora ‘tiene huevos’, o porque lo llevaron preso. La mina sintió admiración solo al final. En los chats se ve. Antes, nada. Y después, en su cabeza, pasó a ser un héroe”, añadió.En una punta Brenda Uliarte, en la otra Sabag Montiel. Fue el año pasado en el juicio oral que enfrentaron en San Martín por la tenencia de un documento hallado durante el allanamiento a su vivienda. Terminaron condenados (Maximiliano Luna)En la causa también estuvo presa una cuarta joven: Agustina Díaz, una amiga de Brenda que estaba agendada en su teléfono como “amor de mi vida”. “Brenda me hablaba de matar a Cristina Kirchner, pero yo no creía que fuera capaz de hacerlo”, dijo Díaz. Agregó que le seguía la corriente a su amiga cuando hablaba de atentar contra la vicepresidenta y la definió como “fabuladora, fantasiosa, delirante y manipuladora”. La joven ya fue sobreseída en esta causa.El 27 de agosto se frustró el plan de matar a la vicepresidenta porque “se metió adentro la hdp”. Fue el día del incidente de las vallas, cuatro días antes del atentado. “Mandé a un tipo para que la mate”, le cuenta. “Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune”.—Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta—, dice la amiga.—Por eso mandé a alguien—, responde Brenda.—Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra— dice Agustina.Brenda afirma que puede conseguir dinero para escapar. “Matá a quien vos quieras y ocultá huellas”, le recomienda. “Sí, obvio, lo estoy planeando. Recontra pilla. No me van a atrapar”, confía Brenda. “Perfecto”. responde.

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Pidieron la remoción de Bento como juez federal: “Ha actuado al margen de la ley”

Informador — Mon, 09 Oct 2023 18:15:48 +0000

Walter Bento, durante el jury en su contra“Venimos a solicitar la remoción del magistrado. Aquí no hay grieta alguna cuando se consideró el mal desempeño en el que había incurrido Walter Bento y se lo envió a este jurado por mal desempeño”. Con estas palabras, el abogado Miguel Piedecasas, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación que actúa como fiscal del juicio político junto con los legisladores de la UCR Eduardo Vischi y Roxana Reyes, inició este lunes el alegato en el juicio político al suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento.Luego de sostener que “se ha roto toda confianza pública” sobre el juez suspendido, Piedecasas rechazó los argumentos de la defensa en contra del proceso penal que también lo llevó al banquillo de un juicio oral que se está desarrollando en Mendoza. Bento había dicho al declarar ante el jurado que había un complot en su contra para quedarse con el cargo de juez federal electoral. “Un fiscal enojado, un juez que lo investiga y una cámara federal, fuerzas políticas, medios de comunicación… Todos conspirando contra el magistrado que ha actuado al margen de la ley”, afirmó.“La acusación es desbordada, imprecisa e infundada”, respondió el abogado Mariano Fragueiro Frías en su alegato de respuesta a la Fiscalía en el que pidió que se rechacen las acusaciones. El abogado también contó que hoy Bento pidió licencia -a pesar de estar suspendido en el cargo- hasta tanto finalicen todas las instancias de la causa penal. Con esa decisión, si el Jurado rechaza las acusaciones, Bento no volverá a su cargo de juez. El alegato de la Fiscalía buscó subrayar que aquí no se lo está juzgando por delitos penales sino por su “mal desempeño” y “falta de idoneidad” para ocupar el cargo de magistrado. “Consideramos probada la falta de rectitud y buena fe”, dijo el acusador-, “¿Con qué dinero se pagaron los viajes y los mil días en el exterior? El magistrado dijo que tenía todos los comprobantes y los iba a presentar, y dijo que eso se iba a aclarar. Pero los contadores desistieron. Ha concurrido a lugares de juegos de azar, no ha mantenido la debida distancia entre las partes. Ha generado una enorme desconfianza pública en la ciudadanía de la que se queja. Los jueces y juezas están sometidos a un constante escrutinio público, mucho más que cualquier ciudadano”.Bento es el titular del juzgado federal 1 de Mendoza que tiene la competencia electoral. El 31 de mayo, el Consejo de la Magistratura de la Nación lo suspendió en el cargo y lo envió a juicio político. Está acusado de cobrar coimas para beneficiar a acusados en causas penales, de ser el jefe de una asociación ilícita, de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero y de falsedad ideológica por insertar datos falsos en sus declaraciones juradas para inscribirse en un concurso para ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal cuando no podía.Uno de los temas que generó más tensión fue la acusación al juez de llevar una vida ostentosa por sus viajes al exterior, especialmente a Las Vegas, sobre el que se encontraron tres fotos, dos de ellas en una limusina. Bento dijo que viajó a Las Vegas porque es un destino económico.Walter Bento (Foto :Adrián Escandar)El juez explicó que eran tres fotos de 2011 que estaban en un viejo celular de su mujer. Una foto en un cartel de la cantante Celine Dion -a quien habían ido a ver a un recital- y otras dos con una limusina. El juez dijo que no la alquiló, sino que estaba en el aeropuerto, tenía el logo del hotel en el que se iba a hospedar y pidió sacarse una foto. Aseguró que no hubo ninguna falta de decoro porque esas fotos no fueron exhibidas o publicadas en redes sociales ni difundidas por su familia.“Se hospedó en hoteles lujosos, entre ellos hoteles casinos, lo que está prohibido para los jueces. La noche es de altísimo cotos. Nunca se acreditó cuánto gastó en los hoteles y en los viajes”, dijo Piedecasas que señaló que en 10 años Bento estuvo mil días en el exterior.La Fiscalía destacó la declaración de uno de los testigos. “Declaró que fueron con Bento en avión privado a Uruguay para ver un recital, todo pagado por un abogado amigo. Una conducta reprochable e indecorosa”, sostuvo el fiscal.Para los acusadores, hubo “abuso y desvío de poder” a la hora de tramitar un crédito en el Banco Nación. “La ley está para cumplirla, no hay atajos, y menos para un magistrado de la Nación. Esto no es capricho ni discrecionalidad ni menos connivencia”, dijo Piedecasas, al ir enumerando cada hecho por el que fue acusado.Subrayó la leyenda “burlona y peyorativa” que Bento dejó en una caja de seguridad cuando en el marco del proceso penal la fueron a abrir y la encontraron vacía, solo con un mensaje al magistrado actuante, pidiéndole que lea. “Fue un acto deliberado de falta de respeto a la Justicia”, afirmó el abogado acusador, que insistió una y otra vez en que aquí no está en un juicio penal.Tras el alegato de la fiscalía, fue el turno de la defensa. El abogado Mariano Fragueiro Frías señaló que en el juicio político no se pueden juzgar conductas penales como es el caso de Bento. La defensa sostuvo que la causa penal está en trámite y los hechos no están probados, por lo que no se pueden tener en cuenta en el juicio político. Y luego rechazó cada una de las acusaciones.La defensa dijo que los viajes no fueron por mil días. “La cantidad de días es inexacta. Pero todas esas licencias fueron otorgadas por los órganos competentes. Nunca se fue sin permiso”, sostuvo y rechazó que haya hecho ostentación con las fotos de la limunisa. “Las fotos las sacaron de un teléfono celular, no las publicó él en la revista Caras. Lo que apareció fue porque se lo robaron del celular. Ostentación es mostrar o exhibir, ¿Qué mostró o exhibió el doctor Bento? Absolutamente nada”, planteó la defensa.También hizo referencia a su hospedaje en hoteles con casino: “Si Bento por haber ido a un hotel-casino lo acusan de mal desempeño habría que avisarle a la Asociación de Magistrados que tiene acuerdos con 26 hoteles-casinos. Y digo esto sin promover el juicio político a ningún juez porque seria una barbaridad”.Con las declaraciones del los testigos y los argumentos de las partes, la decisión será clave no solo porque definirá si Bento sigue siendo juez o no, sino porque podría definir si va a la cárcel. Por los hechos por los que está acusado, el magistrado también enfrenta una causa penal que está en juicio oral. En ese expediente tiene ocho procesamientos con prisión preventiva. Pero la detención no se puede cumplir porque tiene fueros de arresto. Si es destituido, los perderá y esa detención se podrá efectuar.El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau. El tribunal tiene 20 días para dar a conocer el fallo.

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Hotesur-Los Sauces: el hijo menor de Báez pedirá que le apliquen el antecedente de Florencia Kirchner

Informador — Wed, 20 Sep 2023 10:16:25 +0000

Leandro Báez antes de asistir a la indagatoriaEn la lista de más de 20 imputados que finalmente irán a juicio por el caso Hotesur-Los Sauces hay un caso particular: Leandro Báez, el hijo menor del empresario K, nació el mismo año que Florencia Kirchner, en 1990, y tampoco tuvo cargos públicos, pero no fue sobreseído. Por ese motivo, sus abogados utilizarán los mismos argumentos jurídicos que dieron los miembros de la Sala I de Casación para sobreseer a la hija de la vicepresidenta.Al momento de evaluar la situación de Florencia Kirchner, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone tuvieron en cuenta que en 2003, cuando comenzó a desarrollarse la supuesta asociación ilícita, tenía 12 años y que fue incorporada a la asociación luego del fallecimiento de su padre, en octubre de 2010. “La asociación de la que Florencia Kirchner habría formado parte se habría conformado cuando aquella era una niña y al momento de su ingreso -tras el fallecimiento de su padre- las operaciones objetadas que se le atribuyen a esa organización ya se encontraban consolidadas, con su madre y hermano mayor con roles preponderantes, en un contexto donde el peso de la autoridad familiar no podía serle indiferente”, sostuvo Petrone.Por su parte, Barroetaveña hizo hincapié en que estaba limitada la autonomía de Florencia Kirchner. “Las circunstancias referidas, cabe enfatizar, se proyectan sólo sobre la capacidad de actuar de Florencia Kirchner y, como datos objetivos, resultan evidentes en sí mismos, sin necesidad de comprobación alguna, por lo que, como se ha concluido en el voto que me precede, entendemos que aquellas razones han incidido de tal manera en la imputada que han limitado su autonomía de modo que, en el caso, resulta inexigible normativamente un comportamiento alternativo conforme a derecho”, sostuvo.La hija de la vicepresidenta nació el 6 de julio de 1990. Leandro Báez apenas un mes antes, el 7 de junio de ese año, pero nunca tuvieron trato personal. Ambos tampoco tuvieron cargos públicos. Sin embargo, la acusación contra el menor de los Báez era más amplia y eso podría influir a la hora de hacer un planteo jurídico.Leandro estaba entre los firmantes de cheques de las empresas Austral Construcciones S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L. y Austral Agro, según consta en el procesamiento firmado por el juez Julián Ercolini en 2017. En su indagatoria, el menor de los Báez destacó que antes de emitir los cheques, las órdenes de pago pasaban por Lázaro Báez, quien manejaba “la parte financiera con sus contadores”. En la firma Loscalzo y Del Curto S.R.L, Leandro fue accionista a partir de 2011 con un 5%, y en Austral Construcciones S.A. fue director suplente desde 2011 hasta 2013.El hijo menor de Báez ya fue condenado por la causa conocida como “la ruta del dinero K”, pero la Cámara de Casación le bajó la pena de 5 a 3 años de prisión en suspenso. En ese expediente, su defensa, a cargo de Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe, también utilizaron el argumento de la edad como un atenuante y dijeron que “no era protagonista” de la maniobra de lavado. Tarde o temprano, dirán que su “voluntad estaba viciada”.Leandro Báez en el juicio por la ruta del dinero K (Gustavo Gavotti)Cuando tuvo que enfrentar a los jueces de la Sala IV de Casación, en 2022, Leandro dijo “sentir bronca cuando escucha que se lo sindica como parte de una organización ilícita” y destacó que cuando se creó Austral Construcciones, “él era un niño que asistía al colegio”.Leandro está entre los acusados que irán a juicio por la causa Hotesur-Los Sauces junto a Martín y Melina Báez.La edad no fue el único argumento de los jueces de Casación. También valoraron que no tuvo cargos públicos y sus lazos familiares, lo que supuestamente “condicionaba” su actuación. “Además de su temprana edad; que no resulta controvertida su ajenidad al desempeño en cargos públicos y su formación previa ajena a la actividad empresarial, circunstancias a las que se suman los lazos de afecto y confianza en juego, todos ellos datos objetivos evidentes de su historia vital, por lo que aparece en forma cierta, en definitiva, el condicionamiento que a su autonomía personal significaba el entorno donde transitaba su vida de relación”, opinó Petrone.Para el juicio oral falta mucho. En primer lugar, hoy comenzó a correr un plazo de 10 días hábiles que tienen los abogados defensores para apelar el fallo de Casación para que lo revise la Corte Suprema. En los próximos días también se debería rearmar el Tribunal Oral Federal 5, porque los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg fueron apartados. Solo quedó Adriana Palliotti, quien había votado por rechazar los sobreseimientos.

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Cómo sigue la causa Los Sauces-Hotesur: más de 300 testigos, dos peritajes inconclusos y un tribunal oral a rearmar

Informador — Tue, 19 Sep 2023 06:16:38 +0000

Máximo y Cristina KirchnerLa Cámara Federal de Casación Penal reabrió ayer las causas “Los Sauces-Hotesur” luego que revocó los sobreseimientos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y otros 25 acusados, entre ellos el diputado nacional Máximo Kirchner -y confirmó la desvinculación de Florencia Kirchner-, y ordenó que se haga el juicio oral. Así, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 deberá volver a poner en marcha el proceso que había suspendido hace más de un año por la desvinculación de los acusados.Pero el caso presenta varios puntos a futuro que hacen que el inicio del juicio oral esté lejos de ser inmediato. El principio la defensa de la ex presidenta y del resto de los imputados puede apelar el fallo para que sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También se deben reactivar varias medidas de prueba y además se tiene que rearmar el TOF 5 ya que para estos expedientes tiene una sola jueza titular.En los casos se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces -de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes también ayer Casación -con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone- revocó sus sobreseimientos. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.Entre mediados de julio 2019 y principios de 2020 el TOF 5 había avanzado en la realización del juicio oral con la aceptación de la prueba que se iba a analizar en el debate. Para el caso de Los Sauces había disputado la declaración de 192 testigos, en Hotesur de 115 (307 en total) y la realización de dos peritajes contables a cargo del Cuerpo de Peritos especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública dependiente de la Corte Suprema en los que se buscaba determinar si los acusados tenían capacidad económica para pagar los alquileres.Pero en noviembre de 2021 por mayoría el tribunal sobreseyó a todos los acusados. El fiscal Diego Velasco apeló esa decisión y pidió que mientras Casación analizaba los planteos las medidas de prueba continúen. Pero los jueces lo rechazaron porque los acusados estaban sobreseídos. Así, en febrero de 2022 la causa en el tribunal oral quedó frenada con los peritajes en pausa, según las constancias del expediente a las que accedió Infobae.Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el próximo tribunal que intervendrá en las causas de la vicepresidentaTambién quedó inconclusa una medida que pidió la Fiscalía. Son pedidos de informe de catastro sobre los inmuebles investigados a las municipalidades de Río Gallegos y El Calafate, en Santa Cruz. Velasco pidió que se los intime o se los allane para obtener la información. El TOF envió oficios que hasta ahora no fueron contestados.Todo eso quedará a reestudio del tribunal oral que deberá avanzar con la prueba sin plazos concretos hoy de cuando puede estar terminada. Pero además, el TOF 5 debe recomponerse para seguir en el caso. Es que de los tres jueces que lo integraban cuando sobreseyeron a los acusados solo quedará uno. Es la jueza Adriana Palliotti que votó por rechazar los sobreseimientos. Quienes desvincularon a los imputados fueron Daniel Obligado y Adrián Grünberg, quienes fueron apartados por Casación porque ya opinaron sobre el fondo de la causa.Grünberg ya no está más en el TOF 5 ya que lo integraba como suplente y lo dejó. Su lugar fue ocupado por Fernando Canero que su suplencia vence en diciembre próximo y no podrá continuar. Así, que su lugar deberá ser ocupado por otro magistrados. Y también se deberá sortear a quien reemplace en las causas a Obligado.El punto central estará en qué decisión tomará el TOF una vez que esté en condiciones de poner fecha para hacer el juicio oral. Es que el fallo de Casación puede ser apelado a la Corte Suprema para que lo revise, para lo que las defensas tienen 10 días hábiles Un temperamento del tribunal es esperar a que el máximo tribunal resuelva porque entrarán en discusión dos fallos distintos: uno que sobreseyó y otro que ordenó seguir el caso a juicio oral.Otra es avanzar sin que la Corte haya resuelto. “Todas las causas complejas empiezan con planteos en la Corte Suprema y con instrucción suplementaria sin terminar como pueden ser peritajes”, le dijo ayer a la noche una persona que trabaja en la causa. Y puso como ejemplo el caso de la obra pública en Santa Cruz en el que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El juicio comenzó con una serie de planteos de las defensas en la Corte -que tardó cuatro años en resolver- y con los peritajes en marcha y cuyos resultados llegaron durante el plazo.La jueza Adriana Palliotti, la única del TOF 5 que queda para el juicio oral de Los Sauces-HotesurAlgunos marcan una diferencia central. En el caso de la obra pública no hubo previamente un fallo que sobreseyó a los acusados. En el caso de Los Sauces-Hotesur si. No será el primer juicio de Cristina Kirchner que llegue a la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene desde junio de 2021 una apelación del fiscal Raúl Pleé para que revoque el sobreseimiento y se ordene el juicio contra la vicepresidenta por el caso de dólar futuro. En noviembre del año pasado, el procurador general, Eduardo Casal, acompañó esa postura y desde entonces la Corte tiene para resolver el expediente. El máximo tribunal no tiene plazos para hacerlo.Desde que Cristina Kirchner y el resto de los acusados fueron sobreseídos se generó prueba en otras causas que puede ser útil para Los Sauces-Hotesur. Una es un entrecruzamientos de llamados entre la ex presidenta y Báez en la causa por la llamada “Ruta dinero K”. Y otra los mensajes de Whatsapp del celular del ex secretario de Obras Públicas José López que se exhibieron en el juicio de la obra pública. El fiscal Velasco podría pedir que se incorpore al caso.En una situación similar está la causa por la firma del memorándum con Irán que ayer también Casación ordenó reabrir para que se haga el juicio oral. En ese caso, el TOF 8 había aceptado la declaración de 300 testigos.Un escenario abierto a futuro para causas de impacto de Cristina Kirchner en momentos de fuerte definiciones políticas con las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre.

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Fuertes críticas al juicio político contra la Corte Suprema en un informe sobre la independencia de la Justicia

Informador — Mon, 28 Aug 2023 20:15:20 +0000

Marcelo Gallo TagleLa presentación de un diagnóstico sobre la Independencia del Poder Judicial en Argentina, un trabajo realizado por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) junto a Cyrus R. Vance Center For International Justice y la Comisión Pro Bono, derivó en fuertes críticas al juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.“Cada proyecto de reforma de alguna legislación solo obedece a algún resultado adverso del poder de turno. Por ejemplo, el juicio politico contra todos los integrantes de la Corte Suprema, que se lleva a cabo de manera desprolija y con falta de respeto para muchas de las personas que declararon”, sostuvo Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados. Y destacó que el juicio político estuvo precedido por un intento de reforma del número de integrantes del máximo tribunal.Por su parte, Miguel Caminos, ex presidente de la Asociación de Magistrados y ex presidente de la FLAM, destacó la “presión del poder politico sobre la Corte Suprema” y mencionó la polémica sobre la continuidad de la jueza de Casación Ana María Figueroa, que se mantiene en su cargo luego de cumplir 75 años. “Los jueces debemos retirarnos a los 75 años. Pasa con el 99,9% de los jueces. Hay una jueza que cumplió 75 años, sin embargo decidió esperar que el Senado tome una decisión. No tengo dudas que si se consigue el acuerdo, sus fallos van a estar en interés de los que lucharon por su acuerdo”, opinó.El gobierno nacional, a través del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, le pidió al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que frene cualquier decisión sobre la continuidad de la jueza Figueroa. Es más, el oficialismo busca ahora negociar en el Senado el tratamiento del pliego de la magistrada para apoyar la reforma a la Ley de Alquileres.Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano LlorensDurante la presentación del informe, Caminos también mencionó la situación de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que siguen batallando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hay un interés politico para que estos jueces no intervengan en las causas. Se ha buscado el desprestigio frente a la población de cualquier tribunal que falla en contra del poder político. No hay posibilidad de una justicia independiente si los jueces no lo son en su totalidad. Los gobiernos populistas tratan de sostener que la Justicia debe responder a las posiciones mayoritarias de la población”, opinó Caminos.Caminos y Gallo Tagle fueron algunos de los expositores durante la presentación del diagnóstico sobre la Independencia del Sistema Judicial en Argentina. El documento fue elaborado por el Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) como parte del proyecto de fortalecimiento de la judicatura independiente, con el apoyo de la Fundación Tinker y la participación de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de Buenos Aires.El documento está limitado al Poder Judicial de la Nación. Entre otras cosas, analiza los procesos de selección de magistrados y jueces, la capacitación de los empleados, el manejo del Presupuesto del Poder Judicial, y los casos de corrupción dentro del Poder Judicial, entre otros temas. En este punto, se destacan los casos de los jueces Walter Bento, Eduardo Freiler, y Raúl Juan Reynoso.Walter Bento (Adrián Escandar)“La Auditoría llevada adelante por el CM respecto de las causas de corrupción en la justicia federal reveló problemas de recursos humanos, tecnológicos y funcionales que hacen casi imposible investigar y sancionar la corrupción. Actualmente existe un Observatorio de la Corrupción del Centro de Información Judicial dependiente de la CSJN que lleva un registro de las causas en trámite y las terminadas”, dice el documento.“Este diagnóstico es parte de un conjunto de diagnósticos que se hicieron en America Latina en materia de independencia judicial. No es un análisis exhaustivo sino que brindamos herramientas de análisis”, explicó Ezequiel Allende.Por su parte, la presidenta de la FLAM, Adriana Orocú, sostuvo que “todos los diagnósticos reflejan un intento de cooptación de los poderes políticos”. “Hay que elevar una alerta y tomar decisiones en conjunto”, dijo.“Vemos con preocupación lo que pasa en algunos países de América Latina, la independencia dede ser una preocupación de toda la comunidad jurídica, no solo de los jueces y juezas”, agregó Jaime Chavez, representante del Vance Center.

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“Olor a fin de época”: el termómetro de Comodoro Py de cara a las elecciones

Informador — Sun, 13 Aug 2023 16:16:07 +0000

Edificio Comodoro Py (Maximiliano Luna)Como los políticos, como los empresarios, como los encuestadores, como los ciudadanos… Comodoro Py llega a estas elecciones con muchas preguntas pero sin respuestas. Es un escenario desconocido para los jueces que, en muchas ocasiones, se jactan de saber leer el poder. Esta vez: no hay atajos. Están tan desorientados como el resto de los mortales. “Hay que esperar”, repiten en varios despachos por los que circuló Infobae. “En términos judiciales nadie sabe a dónde va nada”, señaló otro integrante del edificio de Retiro. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengan sus propias lecturas del escenario que se presenta en estas PASO, de cara a las elecciones que entre octubre y noviembre (si como todo indica, habrá balotaje) definirá el nombre del próximo ocupante del sillón de Rivadavia.“El Poder Judicial percibió que la política es muy cambiante y no se va a jugar por ninguno. Ya no hay un emparentamiento con alguna línea, como lo pudo haber en algún momento”, explicó un juez a este medio. Eso, de todas maneras, habrá que verlo cuando las cartas de la elección estén echadas. “Hay que ver por cuánto gana el que gana. Esto es agosto. Todavía falta para octubre”, acotó otro de los consultados. “Acá están hablando con todos. Y eso marca la temperatura de lo que pase. Hablan con todos porque no saben quién gana”, graficó a este medio un histórico integrante del edificio.El tema es tener garantizado el diálogo, sobre todo para los temas por venir. Uno de ellos es clave: el futuro Procurador General. El juez Daniel Rafecas, postulado por Alberto Fernández a inicios de su gestión, ni siquiera consiguió que la vicepresidenta tuviera voluntad de tratar su pliego en el Senado. Ahora, aunque no se sabe aún quién va a llegar a la Casa Rosada, hay dos nombres de jueces de Comodoro Py que ya están circulando en los despachos del poder como futuros candidatos a ese cargo. El que sea, necesitará del aval de los dos tercios de la Cámara Alta, en un Congreso dividido. La política buscará en ese candidato un personaje “ordenador”: hoy no hay un líder claro y así lo ven en las suertes de algunos expedientes.Pero son todas especulaciones. Ni siquiera está claro si en el Congreso podrá haber diálogos para lograr consensos. Golpeados por el escándalo de Lago Escondido, Comodoro Py también tomó nota de que el oficialismo perdió el quórum en el Senado, que en Diputados la única agenda fue el juicio a la Corte Suprema, que se va marchitando; y que en el Consejo de la Magistratura no se ocupará ninguna vacante hasta el año próximo. En el mientras tanto apareció el misterio de los hackeos a celulares, la creación de líneas truchas y el robo de declaraciones juradas, que los hizo sentir que estaban en el blanco.Los cuatro principales precandidatos presidenciales de Argentina: Patricia Bullrich, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian y Matias Baglietto) (AGUSTIN MARCARIAN/)Es un secreto a voces que, al igual que el establishment, jueces y fiscales no ven grandes diferencias entre si llegan a la batalla final Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. Pueden tener preferencias por uno o por otro, pero los dos tienen buena llegada al mundo judicial y ninguno vaticina que saldrán a “cortar cabezas”, como se especulaba cuando Cristina Kirchner regresaba en 2019 al poder de la mano de Alberto Fernández y con varios juicios en marcha.Patricia Bullrich, en tanto, no tiene lazos tan directos, pero mientras fue ministra de Seguridad del macrismo siempre “trabajó bien” con Comodoro Py. Además, la precandidata de los halcones del PRO tiene en su agenda el discurso de la corrupción. Javier Milei no es un nombre que se escuche en los tribunales como opción. Le abrieron una causa para investigar si, como se denunció, negociaba lugares en las listas, pero quedó todo frizado a la espera de los comicios.“Está claro que hay olor a fin de época. Los que vengan, no estuvieron antes; no están pensando en sus causas. Se destraba la lógica de Cristina-Macri. Los dos ya están de salida. Si cortamos con esa dicotomía, ya eso es saludable”, comentó un juez de cara a los comicios.En general, en los años electorales, y más presidenciales, el edificio de Comodoro Py siempre ha elegido moverse a paso lento, salvo raras excepciones como el terremoto político que había generado la denuncia del Memorádum con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015. Jueces y fiscales saben que cualquier cosa que hagan es leída en clave electoral, como apoyo o perjuicio para alguien. “Nunca es buen momento para sacar nada. Siempre todo puede ser malinterpretado y así es imposible”, señaló un camarista. “¿Cuándo es un buen momento si trabajamos de ver causas?”“¿Qué piensa Comodoro Py de las PASO? Poné un fardito en el desierto… Si acá no viene nadie”, contestó entre risas un secretario consultado para esta nota. El chiste no se trata solo de presencias porque, pandemia mediante, el home-office se hizo regla y los pasillos están vacíos sin abogados circulando. También alude al ritmo de las causas.En los años del macrismo, se activaron denuncias dormidas durante el kirchnerismo y se radicaron otras con la nueva gestión: la actividad de los juzgados explotaba. Hoy la mayoría de esas causas se mandaron a juicio, con distinta suerte. Ya no esta en manos de los jueces que tiene más visibilidad. En la gestión Alberto Fernández-Cristina Kirchner, en tanto, el oficialismo se concentró en las denuncias de espionaje contra el macrismo y buscó que crecieran por afuera del edificio de Retiro, pero todas terminaron aterrizando allí. Hubo una causa, sin embargo, que salió de Comodoro Py para irse a otro tribunal: la causa por la fiesta de Olivos, que tiene aún como imputado al presidente.Ocupando el sillón de vice, Cristina Kirchner fue condenada en diciembre pasado a seis años de prisión. Lo entendió como una proscripción. De regreso al poder, consiguió, no obstante, hacer caer el caso de dólar futuro, el expediente Hotesur y Los Sauces y la acusación por encubrimiento al atentado a la AMIA. Pero ninguna de esas medidas está firme.Mauricio Macri – Cristina KirchnerEl futuro de Hotesur/Los Sauces y de Memorándum está en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación que ha venido demorando por más de un año y medio una resolución sobre si el juicio estuvo bien levantado. Una de sus integrantes, Ana María Figueroa, cumplió esta semana 75 años y, más allá de sus expuestas intenciones, el oficialismo no ha podido conseguir el quórum para conseguir revalidarla por cinco años más. Ahora, llegó el cumpleaños y algunos entiende que, como en un Gran Hermano judicial, tiene que abandonar la casa. Figueroa y el oficialismo entienden que puede seguir sentada en su despacho mientras dure el trámite parlamentario de su pliego. Y en ese mientras tanto ¿se resuelve si CFK va a juicio oral junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero por los negocios que hacía la familia con empresarios contratistas del Estado en su gobierno?En eso estaba ocupado Comodoro Py mientras se vivían las últimas horas de campaña, en medio de la tragedia por el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años asesinada por motochorros en la puerta de su escuela, en Lanús; y el fusilamiento a sangre fría del médico de Juan Carlos Cruz, el cirujano que se dedicaba a salvar vidas y se le ocurrió tratar de bajar un aire acondicionado del baúl de su auto en la puerta de su casa a plena luz del día.No son los expedientes que manejan los tribunales de Retiro, donde se analiza la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero. Pero cuando la sociedad reclama justicia, los hombres de Comodoro Py no están ajenos. “Somos el establishment de la Justicia, pero la crisis es de todos”, resumió un fiscal consultado para este nota.Seguir leyendoEl tribunal del caso Cuadernos le pidió a otro juez que se abstenga de investigar las irregularidades de los anotadoresCasación apura una definición por los 75 años de la jueza Figueroa: advirtió que el caso podría “devenir en el cese de sus funciones”

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Condenaron a Resnick Brenner, mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP, por pedir coimas

Informador — Mon, 31 Jul 2023 18:15:28 +0000

Rafael Resnick Brenner (NA) (gustavo fidanza/)Un tribunal oral federal de Salta condenó hoy al ex director de la Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Rafael Resnick Brenner, por pedir coimas a un empresario a cambio de protección ante posibles sanciones tributarias. El condenado fue mano derecha de Ricardo Echegaray durante su gestión al frente del organismo recaudador y ya cuenta con una condena a 3 años de prisión condicional en el caso Ciccone.La Fiscalía había pedido una codena unificada de 9 años de prisión contra Resnick Brenner y otros tres acusados de haber cometido los delitos de fraude a la administración pública, cohecho y concusión.Pero el tribunal solo condenó al ex funcionario por la maniobra. En el caso de Nicolás Antonio Fili, otro ex funcionario de la AFIP, el tribunal decidió condenarlo como partícipe necesario de Resnick Brenner del delito de concusión.Durante el juicio oral se presentó, por ejemplo, el empresario salteño Freddy Rosario Tejerina, líder de un holding de empresas, quien frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Salta -Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Domingo Batule- confesó haber pagado en agosto de 2015 al entonces titular de la Regional Salta y al jefe del área Jurídica, Nicolás Fili, dos pagos de 500 mil pesos a cambio de que no hicieran más controles sobre su empresa, cuya situación tributaria era considerada como grave.Te puede interesar: Detuvieron a un ex colaborador de Ricardo Echegaray en la AFIPPor otro lado declaró Guillermo Oro, quien sucedió a Resnick Brenner en el cargo como director de la Regional Salta de la AFIP. En su testimonio ratificó los dichos del empresario salteño y relató cómo descubrió el pago efectuado por Tejerina a los exfuncionarios. También detalló sobre otras denuncias que pesan sobre la mano derecha de Echegaray, una de ellas radicada en Buenos Aires y otra vinculada a un procedimiento llevado a cabo en una finca de la ciudad de Orán. En todos los casos, afirmó, existiría una modalidad irregular con dinámicas de extorsión y ofrecimiento de negocios inmobiliarios incluidos.Resnick Brenner tras ser detenidoResnick Brenner ya cuenta con una condena a 3 años de prisión condicional en el caso Ciccone, por lo que el TOF 2 de Salta decidió unificar los plazos en 5 años y 6 meses de ejecución efectiva, decisión que será apelada por la defensa de Resnick Brenner apelará ante la Cámara de Casación.En el juicio por Ciccone, Resnick Brenner había declarado contra el ex titular de ese organismo, Ricardo Echegaray. Sostuvo que “no se movía un papel sin que él lo supiese” y cuestionó a la Justicia por no llevarlo a juicio. Y se convirtió en uno de los tres condenados por ese escándalo que permanecieron en libertad junto a Alejandro Vandenbroele y Guido Forcieri. El Tribunal impuso, en cambio, penas de prisión efectiva al ex vicepresidente, Amado Boudou, y a su socio comercial, José María Núñez Carmona.Te puede interesar: La AFIP suspendió sin goce de sueldo a Rafael Resnick BrennerEn 2018, Resnick Brenner fue detenido por orden del juez federal de Salta, Julio Leonardo Bavio, y en ese momento la AFIP decidió echarlo. Según se supo en ese momento, Resnick tenía previamente cuatro sumarios abiertos en el organismo recaudador. Ante el primer procesamiento firme se trató de suspenderlo, pero el gremio lo impidió debido a que integraba la comisión directiva de UPS.Ante la condena en la causa Ciccone se le pidió al sindicato que, en pos de la transparencia y del cumplimiento de la condena y de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, hiciera renunciar al gremio a Resnick. Sin embargo, la respuesta fue negativa.Seguir leyendo:Con la mira en el Senado y en tribunales, Cristina Kirchner espera definiciones tras el fin de la feria judicial en medio del clima electoral

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Un informe reveló que 6 de cada 10 personas tuvieron algún conflicto legal en los últimos 2 años

Informador — Tue, 04 Jul 2023 04:17:09 +0000

6 de cada 10 personas tuvieron un conflicto legal en los últimos dos años, según un informe del PNUD (Hugo Villalobos)Seis de cada diez personas tuvieron un problema legal en los últimos dos años. El abanico de conflictos suscitados durante ese período fue amplio, pero el que más sobresalió estuvo vinculado -en un 24% de los casos- a temáticas familiares como divorcios, cuotas alimentarias o responsabilidad parental. A su vez, las personas en situación de indigencia -cuya alimentación básica no está garantizada- tuvo casi 22% menos de probabilidades de acceso a la justicia que el sector “no pobre” del país, según un reciente informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en coordinación con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).Los datos surgen del documento “Justicia y Desarrollo Sostenible: El Testeo del indicador global de acceso a justicia en el marco de una encuesta nacional de pobreza”, que analiza diferentes aristas de un fenómeno social: el acceso a la justicia civil entendida en sentido amplio, es decir, cuántas personas y quiénes -de qué sectores económicos- pudieron recurrir a distintos tipos de mecanismos de resolución de conflictos frente a sus problemas legales, ya sea en sedes institucionales o en sitios informales de la sociedad.El estudio alcanzó 5740 casos, abarcó los principales aglomerados urbanos del país y se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2022. En ese marco se inscribe un número: seis de cada diez personas de la población urbana sufrieron un conflicto legal -no penal- en los últimos dos años y accedieron a un mecanismo de solución de controversias, ya sea formal -en la justicia- o informal -a través de algún referente religioso, político o comunitario.Del total de esas controversias registradas, el 24% estuvo representado por “rupturas familiares”, bajo las cuales se engloban disputas asociadas a divorcios, herencias, responsabilidad parental o cuotas alimentarias. El 11% fueron “cuestiones laborales” como despidos injustos, trabajo en negro o faltas de pago. En tanto que un 4% alegó problemas o disputas por “deudas de dinero” y un 3% “cuestiones ambientales en su zona de residencia”.El documento estuvo a cargo del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, bajo la dirección de Nora C. Luzi, Coordinadora de Gobernabilidad Democrática, y de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Fue realizado bajo el propósito de medir la vinculación entre el acceso a justicia y la pobreza a nivel nacional en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un esquema de 17 objetivos con metas e indicadores globales establecidos internacionalmente con la finalidad de trabajar en temas de diversa índole como el cambio climático, la desigualdad y las instituciones sólidas.La Coordinadora de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Nora C. Luzi, junto al director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, al presentar el informe que entrecruza justicia y pobreza (Gentileza: Prensa PNUD)“Este trabajo constituye el primer testeo de acceso a justicia en materia no penal en un contexto nacional. Creemos que es un aporte importante para la Argentina, porque es fundamental tener criterios objetivos que nos ayuden a comprender el fenómeno y medir de alguna forma los avances en cada uno de los ODS”, dijo Nora Luzi al momento de presentar la semana pasada el reporte frente a autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de otras áreas del poder ejecutivo nacional, académicos y representantes del sistema de las Naciones Unidas. “Lo que es un instrumento de medición se constituye en un instrumento de acción y de transformación. Ayuda a la sociedad a reconocer sus problemas y sus derechos”, agregó luego Agustín Salvia.Otro de los números que se destacaron en el informe de 81 páginas -que disgregó la información según distintas categorías como la formación académica, situación económica, edad, entre otras-, tiene que ver con la brecha que se evidencia al entrecruzar datos entre el acceso a justicia y las condiciones de pobreza e indigencia. En esa línea, el “no pobre” pudo recurrir a algún mecanismo de resolución de sus problemas legales en un 61,3% de los casos, mientras que el “indigente” accedió casi un 22% menos, con 42,9% de los casos.Seguir leyendo:Las asignaciones alimentarias que reciben los niños bajaron casi 30% y solo cubren el 52% de la canasta básica¿Qué pasó con la clase media porteña?: con más inflación, subieron la pobreza y la indigencia desde enero

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